La Palma abre sus barrios protegidos a una nueva vida postvolcán

Tal y como ha confirmado en un comunicado el consejero responsable de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ante un nuevo contexto postvolcán la recalificación de una zona del municipio de El Paso, que el Plan Insular de Ordenación del Territorio contempla como espacio de protección paisajística, podría ser una zona adecuada para la construcción de viviendas y por tanto en septiembre se aprobará un decreto ley para permitir la construcción en Tacande de Arriba.

Asimismo, el Diputado del Común ha afirmado que hay «otros expedientes de colectivos que quieren colaborar activamente en el debate del futuro económico de la isla, e incluso algunos plantean la posibilidad de poder regresar a sus propiedades para reconstruir lo que allí perdieron«.

Estas declaraciones se producen tras mantener una reunión, junto a la adjunta segunda, Milagros Fuentes, con el comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, y con el coordinador del Área Económica de la Casa Massieu, Miguel Ángel Pulido.

El encuentro ha servido para entregarles un informe en el que se reflejan las quejas ciudadanas recibidas en la Institución como consecuencia de los efectos producidos por el volcán de La Palma. La denominada Área 98 (Volcán 'Cumbre Vieja') de la Diputación del Común ha recibido hasta hoy ha recibido un total de 33 quejas provenientes de reclamantes individuales (36%) y de colectivos (64%), entre los que se encuentran plataformas organizadas de forma espontánea por los propios afectados, así como asociaciones constituidas para la defensa de sus derechos.

«La reunión de hoy forma parte del programa de la Diputación del Común en defensa de los derechos de los afectados por la erupción volcánica. En este informe se explican las diferentes quejas que han presentado los ciudadanos en nuestras oficinas. 21 expedientes de diferentes colectivos y 12 individuales«, ha señalado Yanes.

Las quejas hacen alusión a los tres ayuntamientos afectados (Tazacorte, El Paso y Los Llanos), al Cabildo de La Palma, a la Administración autonómica y a la estatal y a otros organismos como el Consorcio de Compensación de Seguros y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

En el informe facilitado al Comisionado también se reflejan quejas relacionadas con la ejecución de obras públicas realizadas en zonas afectadas de propiedad privada, sobre ayudas a autónomos de la agricultura y la ganadería, de política territorial y autorizaciones de reconstrucción en determinadas zonas o la falta de respuesta e información sobre solicitudes y resoluciones de procesos administrativos.

En cuanto al retraso de las entregas de ayudas, Izquierdo aseguró que «estamos trabajando en agilizar los procedimientos, ya que hablamos de necesidades claves de los ciudadanos para que puedan rehacer sus vidas y para reconstruir la Isla«.