Clavijo exigirá a Sánchez que el Estado financie su policía autonómica

La administración canaria exigirá a partir del nuevo año que sea el Estado el que financie el Cuerpo General de Policía Canaria (CGPC). El objetivo del gabinete que preside Clavijo, según fuentes cercanas al presidente, es que la policía autonómica de la que disponen se equipare con los Mossos, la Ertzaintza o la Policía Foral. Los tres cuerpos reciben financiación estatal.

El CGPC solo cuenta en la actualidad con 282 efectivos –90 más que al inicio de la legislatura–, pero pronto se sumarán 141 que están en la academia y el objetivo del gobierno de coalición autonómico es disponer de 600 agentes en 2027, lo que significa también que tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) pueden ver reducidas sus funciones. El Estado y Canarias alcanzaron un acuerdo no escrito que no está contemplado en ninguna ley, que cuando se alcanzaran los 300 efectivos, algo que ocurrirá el año que viene, el Estado garantizaría la financiación.

A día de hoy es la administración autonómica la que se hace cargo en la totalidad de los 21 millones de euros que cuesta anualmente el Cuerpo General de Policía de Canaria y que incluye el pago de nóminas, mantenimiento de las infraestructuras de las que disponen y gastos de material. Con el crecimiento que prevé el Gobierno de Canarias para el CGPC en un plazo de dos años, los gastos prácticamente se duplicarán, algo que hará imposible de sostener con los presupuestos autonómicos. En el entorno de Clavijo afirman que no van «a pedir ningún privilegio distinto», que no quieren «ser diferentes que el resto», y que solo quieren «ser iguales y jugar en igualdad de condiciones».

Para abordar la cuestión, que supondrá abrir una nueva carpeta de las que se incluyen en la agenda canaria que el PSOE y Coalición Canaria pactaron en 2023, a cambio del voto de Valido a favor de la investidura de Pedro Sánchez, la consejera de Seguridad y Emergencias, Nieves Lady Barreto, solicitará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la convocatoria de la junta de seguridad.

Este órgano, que incluye al Gobierno y a la autonomía, así como también a los distintos cuerpos policiales que trabajan sobre el territorio, no se reúne desde el año 2019, cuando Canarias estaba gobernada por el PSOE, Podemos, Nueva Canarias y la Asociación Socialista de La Gomera. Según fuentes del gabinete de Clavijo la consejera de la Presidencia ya ha hecho saber a Marlaska, a lo largo de las últimas conversaciones que han mantenido últimamente, su voluntad de encarar este debate «con carácter inminente».

Desde Coalición Canaria recuerdan a Sánchez que «el Estatuto de Autonomía ya recoge las competencias de la Policía Canaria» por lo que, en consecuencia, «el Estado debe cumplirlo porque la agenda canaria recoge el completo desarrollo del documento». Lamentan que esa falta de fondos impide a los efectivos del cuerpo desarrollar «todas las competencias que tenemos». Fuentes del Gobierno de Canarias sostienen que no van «a renunciar a absolutamente nada» que les corresponda, «por muchos problemas que tenga Pedro Sánchez o aunque no tenga Presupuestos Generales del Estado aprobados» a día de hoy.

El Cuerpo General de Policía de Canarias tiene transferidas competencias como la vigilancia de edificios públicos o de colaboración con otros fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. También ejercen de Policía Judicial cuando la fiscalía o los juzgados así lo requieren. Pero Canarias quiere más, ya que en la actualidad únicamente tienen base operativa en Tenerife y Gran Canaria.

Ante la falta de efectivos de los cuerpos estatales que trabajan en las diferentes islas, con incidencia especial en territorios como Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y La Palma, el gobierno regional trabaja en la puesta en funcionamiento de nuevas comisarías en todos estos lugares, que se dotarán con la promoción de agentes que están finalizando sus estudios. Hasta ahora los agentes autonómicos que trabajaban en las islas no capitalinas lo hacían bien en dispositivos de seguridad en situaciones o eventos concretos o con despliegues temporales, algo que quieren que cambie, garantizando una presencia fija.

En la consejería de Seguridad y Emergencias también reclaman «más reconocimiento» para el CGPC con el objetivo de «reforzar la capacidad de disuasión y respuesta ante situaciones de riesgo», así como mejorar la protección tanto del personal como de la ciudadanía. Pese a que los agentes autonómicos ya han desarrollado operaciones policiales de envergadura, como la que provocó la detención de varios dirigentes de la principal ONG por presuntos malos tratos a los menores tutelados, la percepción de la Policía Canaria es que se parece más a un cuerpo de protección civil que a un cuerpo policial.

En paralelo a la petición de financiación al Estado, algo que la administración de Fernando Clavijo pretende dejar encauzado en el primer trimestre del año que viene, pese a que nada hace prever que el Gobierno de Sánchez logre aprobar los Presupuestos que permitirían sacar una partida para ello, en el gabinete de Clavijo también trabajan para ese reforzamiento legal del CGPC.

En las últimas semanas, el Gobierno de Canarias está dando forma a un proyecto que permita modificar el reglamento del Cuerpo. El objetivo, según fuentes autonómicas, es el de adaptarlo a los objetivos de crecimiento y actualizar la dotación de medios defensivos y de armamento de los agentes que ya visten el uniforme del Cuerpo General de la Policía Canaria por las calles de las ocho islas que conforman el archipiélago a día de hoy.