La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional abandera dos medidas estrellas del 20A: ecotasa y moratoria

La asociación, que entiende sus alegaciones como una enmienda a la totalidad al proyecto impulsado por el Gobierno regional, establece un periodo de un año para la moratoria una vez entre en vigor la nueva ley y deja fuera de la modalidad a los habitáculos desmontables, cabañas, tiendas de campaña o viviendas de protección oficial.

Asimismo fija que el porcentaje de viviendas vacacionales será del 10% sobre la edificabilidad residencial total de la isla salvo para La Palma, La Gomera y El Hierro, que podrá ser del 20%, si bien deja abierta la puerta a cabildos y ayuntamientos para variar el porcentaje «siempre y cuando justifiquen que no se vulnera el principio de desarrollo urbanístico y territorial sostenible y no se afecta al derecho de la ciudadanía al acceso a la vivienda».

Ascav también da un año de plazo a los propietarios para introducir en los inmuebles distintos parámetros de sostenibilidad como disponer de luminarias de bajo consumo en todas las dependencias; economizador de agua en todas las griferías; separadores de basura o sistema de clasificación doméstico y unidades clase A en caso de renovar los electrodomésticos.

A los propietarios de viviendas turísticas les obliga a poseer una póliza de seguro de responsabilidad civil y las que pasado un año desde la entrada en vigor de la presente norma no se hayan dedicado al alquiler turístico causarán baja en el Registro General Turístico.

Asimismo propone que para los que deseen pasarse al mercado del alquiler residencial el Gobierno de Canarias garantizará el pago de la renta del alquiler a que viene obligado el arrendatario con el que suscriba el contrato y al precio de mercado de la zona en la que se encuentre el inmueble y en atención a sus características.

En cuanto a la ecotasa se propone que la recaudación se destine a la promoción pública de vivienda protegida, a garantizar por parte del Gobierno de Canarias el pago de las rentas del alquiler de las viviendas y al cuidado y protección del medio ambiente y de los espacios naturales protegidos del archipiélago.

La asociación también indica que los edificios completos o complejos de más de diez viviendas vacacionales que pertenezcan o hayan pertenecido a un mismo propietario dedicándola a viviendas vacacionales, en plazo de cinco años, tendrán que cambiar su tipología de alojamiento a hotel o apartamento de cuatro estrellas.

En caso contrario, podrán conservar su clasificación como vivienda vacacional siempre que construyan el mismo número de viviendas para destinarlas al alquiler residencial dentro del mismo término municipal en el que se encuentre el edificio completo o complejo.

Con el fin de incentivar la construcción de estas nuevas viviendas para régimen de alquiler de larga duración, los ayuntamientos podrán reducir el 50% la tasa por la concesión de la licencia de obra y eximir a los promotores del pago del IBI durante el primer año en que sea de aplicación.

Ascav mantiene que el texto del Gobierno incurre en «vicios de inconstitucionalidad» por invadir competencias exclusivas del Estado, vulnera la autonomía municipal y el derecho a la propiedad privada y no va a resolver el problema de vivienda que hay en Canarias.