La ley turística no propicia ni un solo «cuatro estrellas» en más de medio año

La ley 9/2015, de 27 de abril y publicada en el BOC el 8 de mayo, hace exactamente seis meses y diez días, supuso la modificación de la 2/2013, es decir, de la controvertida ley de renovación y modernización turística de Canarias. Hasta esa modificación, la legislación que aprobó el gobierno de Paulino Rivero solo permitía construir nuevos hoteles de lujo (cinco estrellas o superior), mientras que las nuevas camas en el resto de establecimientos quedaban inexorablemente supeditadas a la rehabilitación de edificaciones ya existentes. Esto levantó ampollas en las instituciones y los representantes de la «industria turística» en Gran Canaria, pues entienden que, a diferencia de otras islas donde este segmento de mercado tiene un peso acorde con la creciente demanda, como, por ejemplo, Tenerife, hay en Gran Canaria un nicho aún por apuntalar y explotar en la categoría de las cuatro estrellas . Así las cosas, el anterior Ejecutivo de la región tuvo que conciliar su idea inicial, la búsqueda de la excelencia en el sector, con las reclamaciones para que también fuera posible construir hoteles no necesariamente de lujo, especialmente de cuatro estrellas. Finalmente, esto será posible bajo el cumplimiento de una serie de requisitos de calidad y sostenibilidad que se plasmarán en un reglamento todavía por aprobar. Mientras, los nuevos proyectos están sometidos a una disposición transitoria, la segunda, de la ley 9/2015.

Esa disposición, en resumen, condiciona la autorización previa de los cabildos a un primer consentimiento del Gobierno de Canarias, consentimiento este que depende de que el proyecto en cuestión se amolde al «modelo de excelencia y ecoeficiencia exigido» , siempre a juicio de la Consejería de Turismo . Pues bien, tras más de seis meses con esta norma transitoria en vigor, el Ejecutivo del Archipiélago aún no ha dicho «sí» a promotor alguno de hoteles de cuatro estrellas o inferior categoría (hay que insistir en que los de lujo están exentos de esta exigencia). El propio Gobierno, hoy presidido por Fernando Clavijo , informa en una reciente respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso ABC, de que «no se ha autorizado ningún establecimiento conforme al procedimiento previsto en la disposición transitoria segunda de la ley 9/2015».

El Ejecutivo de las Islas establece en la misma disposición que antes de la aprobación del reglamento con los requisitos de calidad y sostenibilidad, remitirá al Parlamento su contenido fundamental para el debate en sesión plenaria .

El gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista Canario no puntualiza en su respuesta si el hecho de que no haya autorizado hotel alguno de cuatro estrellas o inferior categoría se debe a que no se ha elevado ningún proyecto o a que ha considerado que ni uno solo cumplía los mínimos exigibles de calidad y «ecoeficiencia». Sea como sea, la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, que dirige María Teresa Lorenzo Rodríguez , sí avanza en otra respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso este diario el número de establecimientos hoteleros y «extrahoteleros» de lujo, esto es, de cinco estrellas y superior, que los cabildos han autorizado a partir del 1 de junio de 2013, día desde el que está en vigor la ley de renovación y modernización turística, la original, la 2/2013 de 29 de mayo. Son hasta el momento 18 los hoteles y establecimientos de lujo o gran lujo que ya cuentan con la autorización previa de las corporaciones insulares. En concreto, se trata de 14 hoteles y cuatro complejos «extrahoteleros» , siempre según datos oficiales. Los establecimientos de lujo disfrutan de ventajas en la legislación que sacó adelante el ejecutivo de Paulino Rivero, cuando menos de más facilidades para su construcción, en virtud de la apuesta por la excelencia turística. Ocurre, sin embargo, que la cantidad de hoteles de cuatro estrellas que hay en Gran Canaria no está en consonancia con la importante demanda de este tipo de oferta, de ahí que la patronal y las autoridades de la isla presionaran al Gobierno regional para que no impidiese levantar nuevos establecimientos, que, además, no han de ir en detrimento de una alta calidad, argumentaban.