Sí al turismo, sí a la renovación

Sólo se olvidaron de una cosa. Que los ciudadanos, no solo propietarios, ni eran ciegos, ni sordos, ni estaban dispuestos a permanecer mudos. Los Tribunales han ido dando la razón a los argumentos que tenían que haber sido enarbolados por el poder público. Y no era otro que el siguiente: yo ya estoy aquí y, si quieres hacer algo, tienes que contar conmigo.

Conseguimos anular un Plan Especial de Ordenación de un litoral en el que ya se advertía que dentro de sus efectos había que valorar el impacto de las personas y negocios que ya estaban en el territorio. Se alegó al Plan Insular, por dos veces, al Plan territorial especial de ordenación turística insular, al PTP-8 y al PTP-9, al Plan General de Ordenación supletorio, a los PMM. Y se llevaron a los Tribunales algunos de ellos, incluyendo el Decreto del alquiler vacacional.

Los jueces, como juristas dedicados, lo ven claro. Los propietarios, sean o no residentes están en el territorio, su uso es legal, no se les puede echar arbitrariamente porque alguien crea que el empresario turístico es mejor que otro ciudadano, y mucho menos se puede pretender quitarles el derecho que ya tienen sin contemplar las indemnizaciones que deberían pagar . Y aún más, la Administración que quiera "rehacer" el territorio (PMM) tiene que enseñar que dispone del todo el dinero para hacerlo (¿se imaginan cuánto dinero cuesta reurbanizar todo el ámbito del PMM de Maspalomas Costa Canaria?).

La mentira tiene patas cortas. Cuando se habla de renovación, se ha visto que se habla de especulación. Cuando se habla de residencialización, en realidad se quiere decir "ese obstáculo que me impide ganar más dinero". Cuando se habla de calidad, en realidad en lo que se piensa es en obras, tasas y préstamos, no en sábanas de seda. Los propietarios, es decir, esos ciudadanos que son los que tienen razón, son los que dicen sinceramente sí al turismo y sí a la verdadera renovación . Sí a un modelo turístico que sea sostenible socialmente, integrador, que no altere el uso óptimo de los recursos ambientales, que no altere artificial e interesadamente la autenticidad sociocultural de los canarios y que permita una distribución equilibrada de los beneficios socio-económicos que reporta. Y sí a la renovación que consiga que, por las administraciones, de una vez por todas, se presten los servicios públicos de obligado cumplimiento porque negarse a mantener y conservar el espacio público es indefendible. Y sí a la renovación que no obligue a tener que invertir en negocios ajenos. Ya es hora de que en los foros de turismo, Patronatos y Consejos asesores, donde se toman las decisiones, estén presentes los verdaderos destinatarios de las mismas, los ciudadanos.

(*) Abogada y vicepresidenta de Plataforma de Afectados por la Ley Turística de Canarias