Un matrimonio es investigado por una presunta estafa a 37 enfermos tratados con ‘células madre’ inexistentes en Gran Canaria

Así lo comunicó el juez al apreciar indicios de que Santiago, en complicidad con su mujer, “ideó y ejecutó un plan con el que lucrarse de manera ilícita mediante la captación de personas con patologías neurodegenerativas para, aprovechándose de su desesperación para volver a caminar, ofrecerles un tratamiento terapéutico con células madre”.

Una vez que empezaba el citado tratamiento, detalla la autoridad judicial que “consistía únicamente en masajes y técnicas de rehabilitación” dispensadas por el propio gerente del centro. Asimismo, el juez contabiliza a un total de 37 perjudicados por las actividades fraudulentas en el centro de rehabilitación, en su mayoría “menores en silla de ruedas o con andador” .

Pese a que en sus orígenes el centro estaba concertado con el Servicio Canario de Salud, el Gobierno autonómico le retiró las subvenciones al centro en el año 2008 , por lo que pasó a ser gestionado exclusivamente por Santiago S. El ahora investigado, a sabiendas de su falsedad y según manifiesta en el auto el juez, “se apropió de la representación en España de Bioscitex Incorportated , prestigiosa empresa estadounidense con sede en Minnesota”. Este centro tiene como objeto la utilización de técnicas punteras y vanguardistas de rehabilitación en lo que al tratamiento de lesiones neuronales se refiere, y, según hacía indicar el acusado, trabajaba para la recuperación de la movilidad en las extremidades inferiores mediante la utilización de células madre en seres humanos”.

La autoridad judicial afirma que la investigación permite concluir que el gerente del centro, sin tener la correspondiente habilitación, autorización ni prescripción facultativa, procedía a inyectar a los pacientes la denominada hormona del crecimiento , que portaba dentro de una jeringuilla que llevaba “en el bolsillo del pantalón de su chándal”.

Del mismo modo, el juez apunta que ambos “apresuraban a los interesados para que firmasen un contrato de tratamiento médico”, advirtiéndoles de que las plazas eran limitadas y que las cien primeras iban a estar subvencionadas al 90% por el Servicio Canario de Salud -algo totalmente falso-, corriendo por tanto el riesgo de quedarse sin plaza o tener que abonar íntegramente el importe del tratamiento de no firmar inmediatamente el contrato.

Debido a ello, los perjudicados, movidos por la esperanza y la reputación de la empresa con la que el investigado decía colaborar, “procedían a firmar el contrato de tratamiento” con el que debían abonar “ un primer pago de 3.100,85 euros y posteriormente 400 euros mensuales hasta la conclusión del tratamiento”.

En referencia a su esposa Florencia, afirma el instructor que era “plena conocedora y colaboradora del plan fraudulento” que su marido estaba ejecutando. Según el auto del juez, ella era quien se encargaba de las funciones de administración de la clínica y “en ocasiones daba masajes a los pacientes” haciéndose pasar por una fisioterapeuta, si bien carece de la habilitación legal necesaria para ello.