El expresidente Seguridad Integral Canaria insta a que «se unifiquen» sus causas en un mismo juzgado

A su juicio, no puede ser que un mismo delito, que se «solapa» en las fechas, tenga dos juzgados de instrucción trabajando. Por ello, ha pedido que la denuncia de la Fiscalía que se tramita en el Juzgado de Instrucción número seis de la ciudad de Las Palmas, que lo tiene en libertad provisional, pase al número ocho. Porque lleva más tiempo tramitando una causa similar .

Afirmó que la denuncia de la Fiscalía General del Estado se tramitó en el Consejo de Ministros porque es preceptivo al superar un millón y medio de euros. Literalmente, dijo: «Un delito contra la Seguridad Social solo se puede llevar un juzgado y, si en el juzgado en el número ocho se nos está llevando un delito contra la Seguridad Social , no puede haber otro juzgado que nos esté llevando un delito contra la Seguridad Social que, además, se solapan los mismos años ». Afirmó que tiene participaciones en unas 30 empresas y que Seguridad Integral Canaria es una más.

«Cuando se cita a alguien para acudir a una comparecencia judicial, si no puede acudir, le dan otra fecha y no pasa nada. Lo mío es peor que eso. A mí nunca se me citó y no ha habido ni un medio de comunicación que haya dicho la verdad . Nunca fui citado para acudir al juzgado. Dejaron la citación en Seguridad Integral Canaria y yo hace años que no voy allí», ha argumentado.

Expresó su interés en que «sea la autoridad judicial la que finamente diga si tenemos o no razón» y que «curiosamente, la Audiencia Provincial (de Las Palmas) ha decidido, y no cabe recurso alguno, que sea la jueza Victoria Rosell la que lleva el caso en el Instrucción ocho, y donde tendrá que terminar el caso del Instrucción seis» porque «no se me puede investigar diferentes juzgados por un mismo delito».

Apuntó que «la señora Rosell, en autos judiciales ya se ha pronunciado» diciendo que «existe una trama» entre entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, no me lo invento yo, lo dice una jueza ». Agregó que no es administrador de Seguridad Integral Canaria y que puede acreditar que «no soy adminisrador de hecho», y que «ya nos defenderemos». Apostilló que la compañía «está en concurso».

Aseguró que no ha hecho «nada ilegal», que sufre una «persecución» y que, en las causas que tiene abiertas por fraude a la Seguridad Social , no se le trata «como a un ciudadano más». «Estoy sufriendo una campaña de acoso y derribo que no me va a amedrentar. No me voy a rendir, ni me voy acobardar. Voy a luchar, porque tengo la razón».

A Ramírez, la Fiscalía de Delitos Económicos le ha interpuesto en los últimos años por la política salarial seguida por Seguridad Integral Canaria .

Esta compañía aprovechó la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 para descolgarse del convenio nacional del sector y pactar con su plantilla un acuerdo de empresa con sueldos mucho más bajos que los de su competencia, lo que le permitió ganar numerosas licitaciones públicas convocadas mediante subasta a la baja.

Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó en 2016 ese acuerdo y condenó a Seguridad Integral a pagar a sus empleados los salarios del convenio nacional del sector con efecto retroactivo , lo que llevó a la empresa a declararse en suspensión de pagos.

La Fiscalía aprecia en la política salarial de esa empresa varias irregularidades: en 2014 denunció a Ramírez por un delito contra Hacienda y otro contra la Seguridad Social por un fraude de varios millones de euros consistente en pagar por sistema a su plantilla las horas extras como si fueran dietas , que tributan menos, y ahora ha vuelto a querellarse contra él al entender que ha dejado de cotizar al menos un millón y medio de euros al no abonar los sueldos del convenio nacional.