Canarias se somete a una brusca destrucción de empleo público

Cuando estalló la crisis, allá en octubre de 2007 con la debacle financiera de las hipotecas «subprime», eran 141.800 las personas que trabajaban en las Islas en la Administración. En el sector privado, en las empresas, estaban empleadas entonces 639.000, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Cuatro años después, las estrecheces habían acabado con casi 110.000 puestos solo en el ámbito privado . Esta drástica reducción no afectó, sin embargo, al sector público. De hecho, las corporaciones locales y los organismos del Estado y de la comunidad autónoma, en conjunto, incluso aumentaron su plantilla: aquellos 141.800 asalariados con los que Canarias contaba al principio de la crisis eran en septiembre del año pasado 147.700. De modo que mientras que la coyuntura se cebaba especialmente en las pequeñas y medianas empresas del Archipiélago, el entramado institucional creaba nuevas ocupaciones (5.900 más al final de este período).

Pero esta excepción que suponía el sector público, capaz de incrementar su número de empleados y, por tanto, de amortiguar siquiera algo la expulsión de mano de obra de las empresas, ha terminado. Si octubre de 2011, tras cuatro años de crisis, se iniciaba con las susodichas 147.700 personas contratadas por ayuntamientos, cabildos, gobiernos y demás, al finalizar el año eran «solo» 139.400. En consecuencia, la misma Administración que durante un cuatrienio había omitido los ajustes de plantilla que muchos reclamaban dejaba ahora en el paro, en solo tres meses, a 8.300 trabajadores de las Islas.

Además, esta destrucción de empleo público no parece que vaya a acabar pronto, y así se desprende de las estadísticas del INE. Tras transcurrir el primer trimestre de este año, ya no eran 139.400 los asalariados de las instituciones, sino 136.800, y la tendencia continúa. No en vano esta cantidad se redujo a 133.200 en los meses de abril, mayo y junio, siempre según la información de la Encuesta de Población Activa (EPA). Los recortes y la reforma laboral son las causas de este nuevo escenario. Esta última permite el despido procedente con el pago de solo 20 días por año trabajado en las empresas públicas, tales como las canarias Visocan, Grafcan, Hecansa o Proexca, si se demuestra «insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente» , un supuesto que hoy es realidad en muchas de estas sociedades.

Cuando comenzaba el último trimestre de 2007 y el término «subprime» era cada vez más repetido por los ciudadanos, eran 780.800 los trabajadores de la comunidad autónoma. Los empleados del sector público eran 141.800 y los del sector privado, 639.000. En términos relativos, los primeros representaban el 18,2% del total y los segundos, el 81,8. Después de cuatro años y medio de crisis, las instituciones cobijan a aquellas 133.200 personas; las empresas, a apenas 501.200. Así que el declive ha sido tal que los 780.800 asalariados de octubre de 2007 son hoy 634.400 (146.400 menos) y los ocupados en el ámbito público suponen el 21%.

Cabe recordar que el pasado lunes, el secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró que las regiones habían aumentado sus plantillas entre enero de 2011 y el mismo mes de 2012 en cerca de 9.600 trabajadores , mientras que el Estado y los ayuntamientos habían reducido las suyas, lo que fue insuficiente para compensar aquel incremento, dijo. El jueves era la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT la que acusaba al representante del Gobierno de «manipular» los datos. UGT advirtió supuestas incongruencias en la información que dio Beteta y afirmó que el empleo público sí había disminuido entre 2011 y 2012.