La caída en Galicia del mayor laboratorio de cocaína de Europa certifica la tendencia a procesarla en España

Por todo ello, y por la capacidad del laboratorio descubierto en Cotobade de producir hasta 200 kilos diarios de cocaína base, no es exagerado afirmar que estamos ante una de las operaciones contra el tráfico de droga más importantes realizadas en España en los últimos años. Prueba de la solidez de la investigación es que los 18 detenidos, entre los que hay, además de colombianos y mexicanos, españoles -en concreto canarios y un bilbaíno-, están en prisión.

La operación ha conseguido acabar por completo con la organización que actuaba en España, en la que había un reparto de roles muy claro. Los españoles estaban encargados de aportar la infraestructura, el transporte y la distribución; parte de los colombianos, 'cocineros', controlaban la producción, mientras que otros se iban a encargar de financiar las operaciones, y los dos mexicanos detenidos tenían una misión clara: uno era el 'notario', que garantizaba que se cumplían los acuerdos y ponía al corriente de las novedades al 'jefe' -así se referían a él-, que se encuentra probablemente en Colombia, mientras que el segundo, 'el ingeniero', era el encargado de extraer la pasta base de cocaína de los cilindros de hierro en los que estaba oculta, un trabajo en el que empleó 48 horas a pesar de haber sido instruido previamente de cómo había que hacer esa operación. Este país y México colaboran con España para llegar a los narcos que suministraban la pasta base de cocaína.

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Una de las cosas que llama la atención es que en este laboratorio no estaban directamente relacionadas ninguna de las organizaciones de narcos que operan en Galicia, aunque los colombianos sí podían tener relaciones con alguna de ellas. El hecho de escoger esa comunidad era por su cercanía con el puerto de Oporto -unas tres horas por carretera- y porque en el medio rural hay muchas casas aisladas y grandes que son ideales para instalar estos laboratorios.

Los datos de la operación policial son apabullantes. En los 14 registros realizados, los agentes han intervenido 1.300 kilos de pasta base de cocaína -se trata de la mayor incautación hasta la fecha de esta sustancia fuera de las zonas de producción-, 151 kilos de cocaína, y más de 23.000 litros de precursores y otras sustancias químicas. Asimismo, se han bloqueado 17 propiedades -por un valor aproximado de 1.700.000 euros- y 37 productos financieros, sin que por el momento se haya determinado el valor de los mismos, ya que la investigación patrimonial y de blanqueo aún no ha finalizado.

La investigación comenzó en octubre de 2022 cuando los agentes detectaron que unos narcos españoles asentados en Las Palmas de Gran Canaria, viejos conocidos de la Policía, de entre 30 y 40 años y que hasta ahora habían salido bien librados, contaban con una potente infraestructura que les permitía introducir grandes cantidades de droga en nuestro país. Los sospechosos, según comprobaron los agentes, mantenían desde que estuvieron por primera vez en el foco de los investigadores un alto nivel de vida y seguían relacionados con colombianos que les suministraban la mercancía.

Estos individuos, además, viajaban de forma constante entre Las Palmas y la Península -concretamente entre Madrid y Pontevedra-, si bien se agrupaban en varias células para reducir el contacto entre ellas y evitar levantar sospechas. Asimismo, la Policía averiguó que la red disponía de un chalet en la localidad madrileña de Colmenar Viejo que utilizaba para el almacenaje de una gran cantidad de productos químicos y otros útiles. Fue el primer lugar escogido para 'enfriar' los químicos precursores; esto es, almacenar las sustancias durante un tiempo prudencial para detectar si había vigilancia policial sobre ellas.

Cuando estuvo convencida de que era así, la organización recurrió a varias empresas logísticas para transportar los productos químicos simulando tener una actividad legal. De estas gestiones se ocupaba un empresario del País Vasco quien, gracias a sus contactos, servía de 'conseguidor' en la península a los investigados canarios. El seguimiento de uno de estos transportes permitió a los agentes localizar una nave industrial, en una localidad de Pontevedra, utilizada en un primer momento como centro logístico para abastecer el macrolaboratorio de Cotobade y, posteriormente, para 'enfriar' los materiales antes de trasladarlos hasta allí.

En octubre pasado los investigadores observaron un aumento exponencial de las actividades de la organización. Nuevamente, y tras un tiempo prudencial, comenzaron a mover los productos químicos, la maquinaria y los útiles necesarios para monstar el laboratorio, siempre bajo unas fuertes y estrictas medidas de seguridad que incluía el uso de vehículos lanzadera y la fijación de puntos de observación para detectar la posible presencia policial.

Fue entonces cuando los agentes consiguieron localizar la casa rural que albergaba el mayor laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína desmantelado en Europa hasta la fecha (sin perjuicio de las zonas productoras de Sudamérica). Se trataba de un chalé de grandes dimensiones alejado de otras viviendas y rodeado de una gran parcela. Por tanto, muy difícil de vigilar sin ser descubierto. Además, pocas semanas después, la Policía detectó la presencia de tres varones de origen suramericano que habían sido introducidos entre fuertes medidas de seguridad.

En paraleo, los investigadores averiguaron que la organización pretendía importar desde Colombia una máquina de triturar piedra de grandes dimensiones a través del puerto portugués de Leixoes (Oporto). Era una maniobra extraña, porque esa maquinaria allí es más cara que en España, por lo que no tenía lógica empresarial. Fue el vecino de Bilbao, empresario vasco, el que dio la cobertura al crear una sociedad 'ad hoc' con el objetivo de asegurar la entrada de la droga oculta en el interior de dos cilindros mecánicos que componían la trituradora de piedra. Al estar la pasta base prensada en el interior de los cilindros, era imposible de detectar por los radares de cualquier puerto, pues no existían oquedades.

Fue entonces cuando se internacionalizó la investigación. Gracias a la cooperación policial con las autoridades portuguesas, que iniciaron pesquisas sobre las actividades de la organización en su país, se detectaron constantes viajes y reuniones de varios de sus miembros con personas vinculadas al puerto de Leixoes (Oporto). Las gestiones policiales realizadas permitieron concluir, por un lado, que detrás de los ciudadanos españoles se encontraban dos potentes organizaciones criminales de carácter internacional –una colombiana y otra mexicana- que se habían unido para poder financiar conjuntamente un laboratorio capaz de producir 6.000 de cocaína en diferentes fases. Y por otro, la intención del entramado de introducir otras tres máquinas trituradoras más, lo que habría multiplicado la capacidad del laboratorio.

Todos los miembros de la organización sometían sus comunicaciones a un estricto protocolo de seguridad, teniendo asignado cada uno de ellos un apodo y quedando completamente prohibido utilizar sus nombres de pila. En estas comunicaciones cobraban especial relevancia 'los señores', que eran los jefes del laboratorio y los encargados de dar instrucciones y órdenes, desde sus lugares de origen, a sus subalternos en España. Eran precisamente estas personas las que habrían desembolsado una cantidad aproximada de dos millones de euros para montar el laboratorio clandestino.

Por otra parte, para financiar los elevados costes de las actividades, los miembros de la llamada 'oficina' que la organización internacional tenía en Madrid se encargaban de realizar entregas de dinero en metálico para hacer frente a todas las vicisitudes que se pudieran producir.

Una vez que el entramado criminal culminó la importación y traslado de la trituradora a la nave de Pontevedra, los agentes constataron la llegada a España de dos individuos de origen mexicano cuya misión era desarmar la máquina y recuperar la cocaína base oculta en su interior. A estas personas, como ya se ha señalado, se referían como 'el ingeniero', encargado de extraer la droga para trasladarla al laboratorio; y el 'notario', persona de confianza de la organización mexicana que daría fe de todo lo acontecido allí.

Con el avance de la investigación, también se detectó la llegada de seis individuos de origen colombiano. En un primer momento fueron trasladados a un piso de seguridad y, tras retirarles sus teléfonos y esperar un tiempo prudencial, los llevaron al laboratorio de forma escalonada. Se trataba de los 'cocineros'; es decir, los encargados de procesar la droga. Éstos eran distribuidos en diferentes turnos para que la actividad del laboratorio no cesara, permaneciendo a pleno rendimiento las 24 horas del día.

Cuando 'el ingeniero' consiguió extraer la base de cocaína del interior del primer cilindro de la trituradora, se iniciaron los traslados de la sustancia desde la nave hasta el laboratorio. Para ello emplearon, nuevamente, fuertes medidas de seguridad -vehículos lanzadera, disfraces de transportistas y emisores Wi-Fi para no perder la comunicación durante los trayectos-.

Los seis colombianos y los dos mexicanos vivían en régimen de esclavitud, solo dedicados al laboratorio. De ellos, el único que podía salir y comunicarse con sus jefes era el 'notario'. El resto, lo máximo que se permitían era abrir una ventana para fumar y poder respirar algo de aire limpio, porque dentro de la casa era complicado.

La Policía tuvo que precipitar la operación, porque en poco tiemo el laboratorio comenzó a funcionar y a producir cocaína. Tras finalizar el proceso de producción de la primera partida de droga, la organización comenzó a preparar su distribución valiéndose de una furgoneta de reparto de una conocida empresa de mensajería. Simulando la recogida de cuatro bultos, transportaron 100 kilos de cocaína que los agentes incautaron al interceptar dicho vehículo en la autopista A-6, en el peaje de Adanero y en plena operación retorno del puente de San José... El control 'ad hoc' que montó la UIP provocó un atasco kilométrico sin que los conductores sospecharan de las razones del mismo.

A partir de ese momento había que hacer todas las detenciones de forma simultánea, en varias comunidades -Galicia, Madrid, País Vasco y Canarias-, de modo que se tuvo que trabajar a fondo. De madrugada, los geos entraron en el chalé y detuvieron a los moradores. El resto de los arrestos se hicieron sin novedad.

Por parte de la Policía española, además de la Brigada Central de Estupefacientes ha participado en la investigación el Greco Galicia y las Udyco de Canarias, País Vasco y Madrid. Para recuperar la pasta base fue imprescindible el trabajo del GOIT, y en la entrada al chalé intervino el GEO. Asimismo, la UIP fue la encargada de interceptar el envió de la cocaína.