Con todas las cautelas, pero también con claridad, el Ejecutivo comunitario ha respondido a una pregunta escrita enviada por los eurodiputados de Vox sobre esas relaciones entre un Gobierno europeo y una empresa a la que se le reprocha tener una dependencia orgánica de las autoridades políticas del régimen chino.
La vicepresidenta ejecutiva, la comisaría finlandesa Henna Virkkunen recuerda que desde 2023, Bruselas ya consideró que los contratos con Huawei «presentan riesgos significativamente mayores que otros proveedores de 5G» y que por ello ya entonces se comprometió «a evitar la exposición de sus propias redes de comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizan Huawei y ZTE como proveedores y a restringir a estos proveedores de la financiación pertinente de los programas e instrumentos de la UE».
Por esta razón la Comisión considera que están justificadas las medidas restrictivas que han adoptado otros países respecto a estas empresas chinas. El contrato de Interior no sería ilegal a los ojos de las orientaciones políticas de la Comisión, pero sí que es consciente de que «puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera».
De ello no se desprenden ni sanciones ni medidas punitivas por este contrato, aunque la Comisión da a entender que podría llegar a decretar restricciones en el futuro. Como se dice en la respuesta escrita la Comisión se compromete a «examinar de manera más general la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación y sus infraestructuras en la próxima revisión del Reglamento de Ciberseguridad, con vistas a evitar dependencias críticas y reducir el riesgo de que nuestras cadenas de suministro provengan de proveedores de alto riesgo»
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