Bolaños, Montero y Cerdán negocian la amnistía en nombre de Sánchez

«Aquí hay cuatro ministros que marcan el discurso, y ni uno más», señala desacomplejadamente un asesor socialista de primera línea, en referencia al titular de la Presidencia, Félix Bolaños; a la de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero; a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, y a la responsable de la cartera de Educación y portavoz de la Ejecutiva, Pilar Alegría. Ni uno más, y ni uno menos.

Y ninguno de ellos, de momento, ha mencionado siquiera la palabra clave para que Sánchez revalide su mandato tras el cantado fracaso esta semana de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, y que no es otra que amnistía, la que designa la principal e irrenunciable condición puesta sobre la mesa por los independentistas catalanes, singularmente por el prófugo Carles Puigdemont. Una prueba del sigilo con que Moncloa ha querido llevar la nueva cesión a las fuerzas del secesionismo, reventado tanto por las exigencias de los separatistas como por la actitud radicalmente distinta a la de los socialistas de Sumar, su socio de coalición, que habla a las claras de amnistía, señalando que esa medida tiene perfecto encaje constitucional, y acude a ver a Puigdemont en Bruselas, como hizo Yolanda Díaz.

Dos de esos cuatro estrechos colaboradores de Sánchez, Bolaños y Montero, son los elegidos para el tramo final de una negociación en la que dar satisfacción a las pretensiones de ERC y Junts. Y se añade un tercero que no se sienta en el Consejo de Ministros pero controla con mano férrea el aparato socialista, y que no es otro que el secretario de Organización, Santos Cerdán, quien la semana pasada saltó a la palestra por llevar la voz cantante en la respuesta a las críticas de Felipe González y Alfonso Guerra en el Ateneo de Madrid, precisamente por la amnistía. Los tres son sanchistas de la primera hora y tienen mucha experiencia en distintas y complicadas negociaciones que han ido jalonando la trayectoria de Sánchez. Aunque ninguna como ésta, con la necesidad de entregarle a los separatistas algo que suscita el rechazo de una amplía mayoría de ciudadanos, el 70%, según un reciente sondeo de Metroscopia, e incluso del 60% de quienes votaron a las candidaturas socialistas en las pasadas elecciones generales del 23 de julio, y que ayer mismo congregó en Madrid a una multitud en contra en el acto del PP.

El olvido legal de los delitos vinculados al golpe secesionista de 2017 es algo que, según ha manifestado el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, y no ha querido desmentir el Gobierno, ya se sustanció como condición para el apoyo de los separatistas en agosto a la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y a la mayoría de izquierdas en la Mesa de la Cámara Baja. Aunque en ese caso, y como quedó ratificado la semana pasada, lo primero ha sido el acuerdo para un reforma exprés del Reglamento del Parlamento para permitir, por primera vez, el uso de las lenguas cooficiales en sus territorios, el catalán, el euskera y el gallego, con traducción simultánea y acabar así con el castellano, la lengua común, como la de todos los diputados.

Sin salir del ámbito lingüístico, el Gobierno ha tratado de impulsar el reconocimiento de esas lenguas cooficiales en el ámbito de la Unión Europea (UE), una tarea en la que se ha empleado a fondo el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, de momento con escaso éxito para los intereses que sirve. La semana pasada llevó ese asunto al Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la Unión, donde los socios comunitarios aplazaron el debate. Tratando de hacer de la necesidad virtud, el jefe de la diplomacia española priorizó la reivindicación del catalán, cuyos hablantes cifró en más de diez millones, por encima del euskera y el gallego. Algo que como era de esperar no fue del agrado de los nacionalistas gallegos y vascos, y que incluso motivó que le diera explicaciones al portavoz del PNV, Aitor Esteban.

En Moncloa y Ferraz cunde la sensación de que podrá haber una designación del Rey pronta tras el intento de Feijóo, e igualmente una fecha para la investidura no mucho después del puente del Pilar. De ser así, habría nuevo Gobierno para el 31 de octubre, cuando la Princesa Leonor jurará la Constitución en las Cortes coincidiendo con el día de su 18 cumpleaños.

La elección de Bolaños, Montero y Cerdán obedece a varias y sustanciosas razones. El primero tiene, a estas alturas de su trayectoria en el Gobierno, del que formó parte primero como secretario general de la Presidencia y ya luego como ministro, una amplia experiencia en el trato con los independentistas y en las concesiones a los mismos. El titular de la Presidencia, con un importante bagaje jurídico en su currículum, participó en el diseño de los indultos de 2021. Además, durante toda la crisis de las escuchas telefónicas a dirigentes independentistas, posiblemente con el sistema Pegasus, que tuvo otra derivada en la infección con ese software del terminal del presidente del Gobierno y de varios de sus ministros de la que él mismo informó en mayo de 2022, fue el encargado de dar explicaciones a la Generalitat de Cataluña. Aquello terminó con el relevo en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en cuya presidencia Esperanza Casteleiro sustituyó a Paz Esteban. Bolaños ha hablado largo y tendido sobre este asunto con su homóloga en la Generalitat, Laura Vilagrà, y al respecto ha señalado en privado que «nos tenemos muy escuchados ambos sobre esto».

Todas las maniobras jurídicas impulsadas por Sánchez han llevado su sello, y la de la amnistía no será una excepción. Bolaños sabe bien el número de amnistiados que pretenden los independentistas, y tiene claro que lo rebajará.

Montero, por su parte, como responsable de Hacienda, ha forjado los acuerdos presupuestarios con ERC, y tiene en la mente hasta dónde se puede llegar en las reivindicaciones financieras de ERC y Junts. Y además lleva desde el verano trabajando para que, junto con Gobierno, haya Presupuestos en tiempo y forma en diciembre. Cerdán, por último, es un dirigente navarro muy centrado en la gestión interna de partido. Ascendió al puesto de responsable de Organización en 2021, en sustitución de José Luis Ábalos, y como aquel tiene responsabilidad directa en todas las negociaciones e hilo directo sobre las mismas con Sánchez. Su poder es creciente desde hace un año, tras la dimisión como vicesecretaria general de Adriana Lastra, con la que mantuvo una gran disputa interna.