Sánchez abona el terreno para la amnistía y reniega de la Justicia

«Cuando yo era líder de la oposición y el fiscal general de entonces, ya fallecido, el señor Maza, abrió la puerta a esas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional, yo trasladé mi malestar», defendió ayer, horas antes de intervenir ante la Asamblea General de la ONU. «Lo que hemos hecho durante todos estos años ha sido tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política», añadió.

Son argumentos a los que no había recurrido nunca el jefe del Ejecutivo, que hasta ahora había defendido el procesamiento de los líderes separatistas sin modificar su postura hasta este momento, cuando necesita los siete votos de Junts, el partido que lidera Puigdemont. De hecho, a finales de 2019, el 5 de noviembre, Sánchez se comprometió en el Congreso a traer al huido expresidente catalán. «A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont», dijo entonces Sánchez al entonces líder de la oposición y del PP. «Yo me comprometo hoy y aquí a traerle de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia», proclamó Sánchez, que era entonces presidente del Gobierno en funciones y que se jugaba La Moncloa en las elecciones generales pocos días después. De aquellos comicios salió un gobierno en coalición con Unidas Podemos que contó en la investidura con la abstención de ERC y Bildu.

En aquella ocasión no fue necesario el apoyo de Junts, que votó en contra de Sánchez, pero ahora sí. Para contentar a sus socios de Gobierno y en el Congreso, el ahora presidente en funciones ha dado la vuelta a muchas de sus posiciones sobre el 'procés', desde negar que existiera el delito de rebelión -lo defendió en mayo de 2018- a indultar a líderes separatistas, como Oriol Junqueras, el líder de ERC.

Ahora, el acomodo que necesita Junts es mayor y las declaraciones de Sánchez refuerzan la idea de que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en La Moncloa. En el centro de esas negociaciones está la posibilidad del acuerdo de una amnistía para los líderes catalanes, algo con un encaje constitucional muy cuestionable, criticado con fuerza por la oposición y hasta por líderes históricos del PSOE.

El jefe del Gobierno no quiso ni siquiera pronunciar la palabra amnistía, pero sus declaraciones apuntan a un encaje de las exigencias de los separatistas. Sánchez se escabulló en preguntas sobre este asunto y también sobre el propio Junqueras, que ha insistido en los últimos días en que la amnistía forma parte de un eventual acuerdo sellado para la formación de la Mesa del Congreso. «Las conversaciones son discretas, los acuerdos son transparentes», dijo el presidente del Gobierno en funciones, aunque el PSOE no ha publicado los términos de ese acuerdo que, según Junqueras, afecta a la investidura.

Sánchez no quiso decir si Junqueras miente o no con esas declaraciones, pero defendió, como lo había hecho en la víspera en una conversación informal con periodistas, que hablará «con total franqueza y transparencia» sobre las líneas que marcarán los acuerdos de su investidura en el momento en el que sea candidato. Es decir, cuando acabe el proceso de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que Sánchez ya dio por «fracasado».

Fue una comparecencia muy corta, de apenas media hora, donde Sánchez sólo aceptó dos preguntas del Grupo Prisa -después de haber pasado esa mañana por un foro económico organizado por 'El País'- y otra de la cadena pública TVE. Pero le dio tiempo para lanzar acusaciones a la oposición y a «medios de comunicación claramente conservadores» de verter «profecías apocalípticas que nunca se cumplen».

«¿De qué se me responsabiliza?», preguntó. «¿De haber normalizado la situación en Cataluña? ¿De haber estabilizado la situación en Cataluña? La verdad, creo que la derecha española, y lo digo con todo el respeto, debe aprender alguna lección de lo que ocurrió el pasado 23 de julio», cuestionó y aseguró, sobre sus políticas y relaciones con el separatismo, que «los ciudadanos ya han juzgado todo eso».

Sánchez también se sacudió las críticas que ha recibido en los últimos días por parte de dirigentes históricos socialistas por la posibilidad de negociar una amnistía -algo que, pese a no citarla, se ha esforzado en no descartar, ni siquiera poner en duda, desde que puso el pie en Nueva York el pasado domingo- con los separatistas catalanes. Entre ellos, el expresidente Felipe González, su vicepresidente Alfonso Guerra o Nicolás Redondo Terreros, al que las críticas le valieron la expulsión del PSOE. «Aquellos que hoy elevan a los altares a algunos dirigentes del Partido Socialista de ayer son los que ponían en la diana a esos dirigentes socialistas», se limitó a decir.

En un intento de tranquilizar a la sociedad española sobre lo que podría suponer un acuerdo con los separatistas para su investidura, Sánchez, pese a sus cambios de posición y giros de 180 grados, aseguró que «cuando digo que voy a ser coherente con la política de normalización de Cataluña estoy diciendo mucho».