Bolaños elabora un decálogo de «bulos» que jueces y fiscales le desmontan

Sostienen que tan legítimo es que el Gobierno acometa las reformas legislativas que considere oportunas, entre ellas la del nuevo acceso a la carrera que ha llevado a la convocatoria de un paro el próximo día 11, como que las asociaciones que representan a jueces y fiscales valoren esas reformas al afectar a sus condiciones profesionales «y a la independencia y autonomía» en el ejercicio de su función.

Tras insistir en que ya pusieron de manifiesto en su momento que están conformes con cuestiones como el sistema de becas que garantice la igualdad en el acceso, no lo están con el retroceso que esa reforma supone «en el respeto a principios constitucionales como el mérito y la capacidad con grave riesgo para la independencia judicial».

«Expresar nuestra opinión y transmitirla responsablemente a la sociedad y a las carreras alertando de los riesgos implícitos en la norma proyectada no supone difundir información falsa, como se afirma. Consideramos que recurrir a la etiqueta de los 'bulos' es una forma burda de deslegitimar la discrepancia en democracia.

Las asociaciones acusan a Bolaños de «tergiversar sus objeciones con manipulación interesada» y proceden a desmontar el decálogo de bulos del ministro reproduciendo la literalidad de lo de lo dicho por el Gobierno.

Así, sobre el «bulo» que les atribuye Bolaños de que la nueva norma busca incluir jueces afines al Gobierno con la incorporación de sustitutos (el Ejecutivo asegura que Europa les obliga a regularizar a los sustitutos), las asociaciones firmantes recuerdan que el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos no es una exigencia europea. Lo que se exige, aclaran las asociaciones, es «acabar con el abuso de la temporalidad en el ámbito del empleo público», no integrar a jueces sustitutos en las carreras judicial y fiscal «por una puerta creada al efecto y sin garantías». «Retamos al Gobierno a que publique esos requerimientos de Europa para que el Gobierno convierta en jueces y fiscales de carrera a los sustitutos». Incluirlos en ambas carreras reduciendo notablemente la exigencia de conocimientos vulnera los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad, algo que el propio TJUE insta a respetar, recuerdan.

«Las asociaciones no afirmamos que esos jueces y fiscales estabilizados serían afines al Gobierno, pero la imagen de su independencia queda tocada en contraposición a quienes accedimos a las carreras por las actuales vías para ello y que, por eso, no debemos el puesto a nadie, solo a nuestro esfuerzo y sacrificio personal«.

El segundo «bulo» que Bolaños atribuye a las asociaciones es que vaya a desaparecer el actual proceso de oposición, que según el Gobierno será ahora más exigente, pues además del examen oral, habrá un examen escrito. «Es falso que hayamos afirmado que va a desaparecer el proceso de oposición», sino que se modifica «y no para bien; de ahí nuestra reacción».

«Eliminar un examen teórico (sobre el esencial derecho procesal) para sustituirlo por un supuesto práctico, en vez de prever ambos, reduce el nivel de dificultad, aumenta la subjetividad en la evaluación e incrementa el riesgo de filtraciones, algo que no es posible que ocurra cuando, como ahora, se sortean los temas a cada opositor por separado y en el acto. Hace veinte años que se eliminó esta prueba por este motivo», recuerdan las asociaciones.

El tercer bulo que les atribuye Bolaños es haber dicho que el tercer examen, no supone un proceso más subjetivo que la oposición. «El tercer examen forma parte de la proyectada oposición para el turno libre, no lo sustituye como parece darse a entender»; y sí, dicen las asociaciones, «la evaluación de caso práctico es claramente más subjetiva que exponer la regulación vigente y publicada, y la elección de temas por sorteo garantiza acreditar conocimiento del conjunto del temario« que en la actualidad incluye, además de las materias del primer oral, otras como el fundamental Derecho procesal, imprescindible en nuestra función».

Niega también el Gobierno que la nueva ley que modifica la carrera judicial y fiscal perjudique a los opositores. «Al contrario. No los perjudica en absoluto porque el proceso de regularización extraordinaria tiene sus propias plazas». Las carreras judicial y fiscal discrepan: reservar plazas estructurales de nueva creación a ese proceso extraordinario las hurta al turno libre y por tanto priva a los opositores de la posibilidad de optar a las mismas. «Se crean 'ad hoc' plazas reiteradamente demandadas como imprescindibles, reservándose a un acceso arbitrario y sin garantías», denuncian.

Sobre la supuesta politización que el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) va a ejercer sobre los preparadores, el Ejecutivo asegura que no habrá «cuerpo de preparadores» y sí regulación tributaria.

«La regulación tributaria es ajena a la norma analizada y está vigente. La asunción de competencia por un centro dependiente del ejecutivo en materia de capacitación o preparación, además de la concesión de becas supone un riesgo de control ideológico de los seleccionados o, cuando menos, cuestionable desde el prisma del principio de separación de poderes. Si se considera de interés regular esta materia, debería encomendarse a autoridad u órgano plenamente independiente», aseguran los firmantes, porque el hecho de que el Ejecutivo intervenga directamente en la selección de quienes pueden ser jueces y fiscales «nunca será un buen sistema».

Que la reforma perjudica a las últimas promociones es otro de los bulos que Bolaños atribuye a las asociaciones y que, según Justicia, no es así porque «los que entren a través del proceso de estabilización exigido» por Europa «entrarán por detrás de los opositores y nadie se verá perjudicado».

Las asociaciones discrepan: las nuevas promociones son las más perjudicadas. «A quienes accedan a las carreras por un concurso-oposición se les van a regalar cinco años de antigüedad a los efectos de optar a cargos discrecionales, con claro agravio comparativo respecto de quienes accedan por la oposición», que sí han acumulado antigüedad real. «Se trata de que los favorecidos por este sistema lleguen antes a optar por los cargos de designación discrecional», dicen.

Dice Bolaños que la financiación de las asociaciones de jueces y fiscales no se va a ver afectada por la reforma y que se trata de «asegurar y garantizar» su apariencia y prestigio y «evitar que los jueces financiados por entidades privadas luego emitan sentencias contra estas mismas empresas.» »Imponer restricciones a la financiación de las asociaciones judiciales no es garantía de independencia, afecta la pluralidad y la libertad de expresión dentro de la carrera judicial, cuyos miembros tienen prohibida por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación, con todo lo que ello supone (...). Nuestro prestigio deriva de nuestra actuación y es evidente que nuestra operatividad se ve reducida si se limitan las fuentes de financiación sin contemplar incremento de las permitidas«.

Otro de los «bulos» se refiere a la reforma de la Comisión de Ética del CGPJ, que el Gobierno niega que vaya a haber una injerencia del Poder Legislativo, sino que simplemente se va a ampliar con cuatro catedráticos de ética y filosofía de Derecho. «No se explica -dicen las asociaciones- por qué la inclusión de miembros no judiciales en la Comisión de Ética Judicial, elegidos por los partidos políticos, aportará «más conocimiento».

El Gobierno insta a leer la norma con atención para comprobar que no hay afectación al Estado de Derecho. Según las asociaciones judiciales no es cierto. «Hemos analizado detalladamente la norma (...) y podemos concluir que supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial.

Atribuye el Ejecutivo a las asociaciones haber dicho que la reforma del Estatuto fiscal pretende «colocar» al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que no es así porque la norma no entraría en vigor hasta 2028, «un año después de la nueva convocatoria española a las urnas».

«Nunca hemos señalado a persona concreta, a diferencia del señalamiento al que venimos asistiendo a diario por parte de los políticos, también miembros del Ejecutivo, en función de sus intereses en cada caso». Dicen que su oposición al nuevo Estatuto «no tiene nombre y apellidos, sino que es el resultado de la preocupación de las medidas contempladas en él», entre ellas cabe, el riesgo de «injerencias políticas» en las causas de corrupción que empezarán a instruir los fiscales en vez de los jueces.