Bolaños se compromete a impulsar el catalán en el Senado y la UE y aplaza reformar la sedición

Uno de ellos para potenciar el uso del catalán dentro y fuera de nuestro país. Así, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a reformar el reglamento del Senado para que los senadores puedan intervenir en catalán. Y también a solicitar al Parlamento Europeo que sea considerado lengua de uso para que se pueda utilizar también en la Eurocámara si ésta así lo acepta. Bolaños ha explicado que estas medidas son extensibles a otras lenguas cooficiales de nuestro país, como el euskera o el gallego, siempre que sus respectivos Gobiernos regionales así lo soliciten.

El Ejecutivo central también fomentará la presencia de la Generalitat en los foros internacionales en los que se traten asuntos relacionados con las lenguas y asume plenamente la política de ésta en materia educativa con sus nuevas leyes para sortear la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano a las familias que así lo soliciten.

Además, Gobierno y Generalitat se comprometen a «superar la judicialización de la política», un eufemismo para referirse a medidas que viene exigiendo el independentismo catalán a favor de sus dirigentes con causas pendientes por el golpe secesionista de 2017. Una de ellas con las que ERC llegaba a esta mesa era la reforma del Código Penal para cambiar el delito de sedición, por el que fueron condenados y luego indultados varios líderes secesionistas.

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Bolaños ha asegurado que, entre los acuerdos tratados hoy, no se encuentra esa modificación del delito de sedición porque el Gobierno entiende que no hay una mayoría parlamentaria suficiente para impulsarlo, aunque no lo descarta. Preguntado varias veces por qué el Ejecutivo no cuenta con esa mayoría cuando sí la suma para otras medidas, el ministro de Presidencia se ha limitado a insistir que por el momento el Ejecutivo no percibe que haya los apoyos suficientes para modificar el Código Penal en ese sentido.

Por su parte, la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà se ha mostrado optimista y casi eufórica, durante la rueda de prensa en la librería Blanquerna, que es la Delegación de la Generalitat en Madrid, por los compromisos obtenidos por parte del Gobierno en la desjudicialización de los que participaron en el ‘procés’ y la protección de la lengua catalana, para que el Estado no impugne la práctica que la Generalitat lleva a cabo en las escuelas y los institutos, así como que se pueda utilizar en el Congreso y el Parlamento Europeo.

Consejera de Presidencia

Vilagrà ha expuesto que todos estos acuerdos solo tienen como objetivo llegar a un referéndum de independencia en Cataluña

A la espera de conocer el detalle de los dos documentos, la consejera catalana de la Presidencia ha señalado que la reunión entre los dos gobiernos, celebrada este miércoles en la Moncloa, ha servido para dar «un paso» más en la línea de estabilizar las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat y se ha hecho, ha dicho, dentro del marco habitual que se utiliza en «los conflictos internacionales». En cualquier caso, Vilagrà ha añadido que todos estos acuerdos solo tienen como objetivo llegar a un acuerdo de fondo para que se celebre un referéndum de independencia en Cataluña.

Así, lo pactado con el Gobierno, en materia de impulso legislativo en materia judicial, para la Generalitat supone un acercamiento para poner fin a «la represión» de España contra los independentistas, que hasta la fecha ha supuesto «prisión, exilio, inhabilitación, multas y multitud de causas abiertas» vinculadas al ‘procés’ que tuvo su éxtasis en octubre de 2017.

Aunque Vilagrà no ha concretado si estas futuras reformas incluyen el delito de sedición, que abriría la puerta, entre otras cosas, a que Carles Puigdemont volviera a España sin tener que pasar por la cárcel, sí ha asegurado, a diferencia de lo expuesto por Bolaños, que existe la mayoría en el Congreso suficiente como para afrontar la reforma. Y ha insistido en que, en cualquier caso, «este fin de la judicialización es imprescindible, pero hasta que la ciudadanía no vote no habrá resolución del conflicto», porque «si democratizamos las leyes, creemos que incluso un referéndum de autodeterminación tiene cabida».

Sobre el segundo acuerdo, el relativo a la lengua catalana, la consejera autonómica se ha mostrado satisfecha de que el independentismo haya conseguido que el Gobierno «entierre» la vía de judicializar este tema y, por lo tanto, Vilagrà interpreta que desde la Abogacía del Estado ya no se defenderá el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de bilingüismo. «Lo que hacemos es que el Estado da cobertura a lo que hacemos en el Parlament», ha dicho.

Finalmente, la representante de la Generalitat ha concretado que además de en el Senado se impulsará que se pueda usar el catalán en «las Cortes Generales», lo que incluye el Congreso, aunque el ministro en su comparecencia solo ha citado a la Cámara alta. Y ha asegurado que el Gobierno impulsará de forma «inmediata» el uso del catalán en el Parlamento Europeo, que deberá ir con una financiación por parte de España para las traducciones.