Begoña Gómez termina su declaración y solo responde a las preguntas de su abogado

Gómez acumula cuatro imputaciones en la causa en la que el titular del Juzgado de Instrucción 41 aborda si aprovechó su condición de esposa del jefe del Ejecutivo para progresar en el ámbito universitario desde 2018, cuando Sánchez accedió al Gobierno, puesto que dirigió una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a pesar de no contar ni con una licenciatura. El último delito que se le imputa y por el que hoy tendrá que declarar es la malversación, pero el magistrado también ve indicios de tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Gómez fue citada por primera vez el 5 de julio de 2024. La comparecencia se suspendió porque alegó que no tenía «conocimiento de los hechos que están siendo objeto de investigación». «En ese caso, suspendemos para ilustrarle» interrumpió el magistrado Peinado.

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El despliegue de la Policía Nacional y del equipo de seguridad de la Moncloa desplegado para aquél día no tuvo precedentes. Casi una veintena de furgones policiales se situaron en la plaza al norte de la capital española y agentes impidieron a viandantes y periodistas acercarse a las puertas de los Juzgados. La citada declaración fue aplazada al 19 de julio. Esa segunda vez, la mujer de Sánchez se acogió a su derecho a no declarar. Sobre la mesa estaba el asunto de si ella misma se dirigió al rector de la UCM, Joaquín Goyache, para proponerle la creación de una cátedra. El juez ve indicios de que ésta se creó «a su medida» por ser quien era. La seguridad para aquella comparecencia fue amplia pero inferior a la primera.

Su tercera declaración, el 18 de diciembre de 2024, fue para que el juez la interrogara por el modo en que registró el software unido a su cátedra. Entonces sí declaró, pero únicamente a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho. Defendió que el registro del programa informático y todas las gestiones relacionadas con la Universidad fueron «sin ánimo de lucro».

Esta mañana, Gómez será interrogada sobre las labores que encargó a Cristina Álvarez, en las que el juez ve indicios -en el caso de la relación con el empresario Carlos Barrabés o la búsqueda de patrocinadores para la cátedra de la UCM- de que «podrían suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados ofrecidos en una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la presidencia del Gobierno». Su abogado, que ha recurrido la imputación por malversación ante la Audiencia de Madrid, sostiene en cambio que se trata de «un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad», descartando el delito.