Primer paso para la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares

Durante el debate, el diputado de VOX, Sergio Rodríguez, ha defendido que la ley vigente «vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución». Según ha argumentado, la norma «atenta contra la igualdad de todos los españoles», al promover «una visión parcial y discriminatoria de la historia». Rodríguez ha citado expresamente el artículo 14 de la Carta Magna, al considerar que la ley «discrimina y aparta a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales o históricas, como por el bando en el que lucharon».

El diputado ha añadido que el texto «fomenta el rencor y evita el reconocimiento de todos aquellos que derramaron su sangre por España, sin importar el bando», y ha acusado a la ley de vulnerar también la libertad ideológica (artículo 16 de la Constitución), «al imponer un relato oficial y perseguir el derecho a disentir».

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Desde el PP, han justificado su apoyo a la iniciativa de VOX en la necesidad de «no reabrir heridas» y de «evitar la utilización política del pasado». Han reprochado a la izquierda tener «un interés pernicioso» en mantener el debate sobre la memoria democrática y han acusado a los partidos progresistas de querer «reinterpretar la historia» con fines partidistas.

Por el contrario, los grupos de izquierda han cargado con dureza contra el Govern de Marga Prohens y su partido por ceder ante las exigencias de VOX. El portavoz del PSIB-PSOE ha afirmado que «la memoria no se puede derogar» y ha acusado al PP de «romper su palabra y traicionar la confianza de las familias de los represaliados y de los colectivos memorialistas».

Desde Més per Mallorca y Unides Podem se ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber cambiado de posición por «pura conveniencia política», recordando que el pasado mes de diciembre los populares se abstuvieron ante una proposición idéntica de VOX. La derogación de la Ley de Memoria Democrática fue una de las condiciones impuestas por VOX para apoyar los Presupuestos autonómicos de 2025, aprobados el pasado mes de julio.

Incluso el diputado de Formentera, que concurrió en coalición con el PP en las elecciones de 2023 y presidió el Consell durante el primer tramo de la legislatura, se ha desmarcado de sus antiguos socios. En su intervención, ha advertido de que la derogación «no es un gesto político, sino una vulneración de derechos y una derrota moral».

La sesión de hoy marca el inicio del trámite parlamentario que, de prosperar, supondría la supresión completa de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos, aprobada en 2018 con el objetivo de reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en el archipiélago, promover la investigación y reparación de los represaliados, y retirar símbolos franquistas de espacios públicos.

Con esta votación, el Partido Popular se alinea por primera vez de forma explícita con VOX en una cuestión de fondo político e histórico de alto contenido simbólico, en un debate que ha reabierto viejas heridas y que promete dividir al Parlament durante las próximas semanas.