La Audiencia Nacional, de nuevo tras las huellas de Anboto

Las cinco huellas aparecieron en el volante y el cenicero del coche bomba que el comando Álava colocó con 25 kilos de goma 2 y otros cien de tornillería para llevarse por delante a la veintena de policías que custodiaban el estadio aquel día de partido. Fueron recogidas por los investigadores que inspeccionaron el vehículo y se incorporaron a las pesquisas, pero sin ser identificadas. Permanecieron anónimas 34 años, hasta que con motivo de la entrega de Anboto a España, el fiscal que tenía este caso a medio resolver, Carlos Bautista, solicitó un cotejo.

Así llegó la exjefa de ETA al banquillo de la Audiencia Nacional en diciembre de 2020 en el que era, en esa fecha, el tercer juicio que afrontaba de la docena que vendrían tras su regreso desde una cárcel francesa, pero la sentencia fue absolutoria.

El tribunal no apreció prueba de cargo suficiente para imponer a Anboto los 488 años de cárcel que pedía el fiscal por atentado a la autoridad y los estragos y asesinatos frustrados de los veinte policías desplegados en torno al estadio. Descartó las huellas porque, decía, que fuesen de la etarra contradecía el informe inicial que las catalogó como no identificables.

No obstante, llevaba esa sentencia, dictada en marzo de 2021, un voto particular. El magistrado Fernando Andreu discrepaba del sentir mayoritario, pues en su opinión, sí que existía «prueba concluyente, plena, válida, adecuada y suficiente para considerar plenamente probado, y más allá de toda duda razonable, la participación de María Soledad Iparraguirre como responsable en concepto de autora, de los hechos enjuiciados», es decir: «delitos de asesinato, atentado y estragos de naturaleza terrorista».

Esa posición fue de ayuda cuando la Fiscalía acudió al Tribunal Supremo y pidió la repetición del juicio. Sostenía que se había errado en la valoración de la prueba porque no es que las huellas al inicio fuesen no identificables, es que no se pudieron cotejar por falta de medios tecnológicos en su momento y en 2019, cuando se hizo a instancias del fiscal, resultó que eran de Anboto.

Ella, que se defendió en aquel juicio, negó su participación de los hechos y pronunció un alegato sobre la violencia a la que habría sido sometida cuando al ser detenida con 18 años la primera vez, fue fichada. Dudaba de la validez de aquella prueba cuando pudiéndose haber cotejado antes, no se había hecho.

La cuestión es que el Tribunal Supremo atendió la posición de la Fiscalía porque la sentencia no razona cuál es la lectura adecuada de esa prueba en concreta y ordenó repetir el juicio. Y el juicio arranca este lunes en el mismo escenario, por los mismos hechos, con la misma petición de condena y la vista puesta, de nuevo, tras las huellas de Anboto.