El nuevo fiscal consultará la prescripción del caso Miguel Ángel Blanco

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Sergio Carmona García

El Ministerio Público defiende que «los criterios de actuación siguen siendo los mismos que existían» a pesar de que el pasado jueves el fiscal habitual atribuyó a discrepancias con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional su ausencia en la declaración de Antza y Anboto por el caso Miguel Ángel Blanco

Consciente de las suspicacias que su nombramiento ha levantado, lo que se vio hace una semana en el Consejo General del Poder Judicial, donde siete vocales cuestionaron su idoneidad, Álvaro García Ortiz comenzó su intervención anunciando su baja en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), un gesto que para él tiene, según dijo, un enorme valor simbólico, pues era afiliado desde que comenzó su carrera en 1999. En las últimas elecciones al Consejo Fiscal, la carrera castigó a esta asociación, en la que Delgado también 'militaba' y a la que favoreció con numerosos nombramientos en su etapa como fiscal general, con dos vocales menos en este órgano.

Sus palabras y buenas intenciones no convencieron a la oposición, que ve en su mandato una extensión del de Dolores Delgado. No en vano, ha sido en los últimos años la mano derecha de la ex fiscal general, que le nombró jefe de la Secretaría Técnica ascendiéndole a primera categoría. Con ella ha compartido también en parte ese «daño reputacional» a la institución que ayer le achacaron los portavoces del PP, Vox y Ciudadanos, Luis Santamaría, Javier Ortega Smith y Edmundo Bal, respectivamente.

No pasó desapercibida la participación de García Ortiz, en diciembre de 2019, en un acto de precampaña del PSOE gallego ni su nada clara intervención en el caso Stampa, donde el fiscal que instruyó el procedimiento contra ese representante del Ministerio Público le acusó, en declaraciones a ABC, de maniobrar para dilatar, de forma torticera, la investigación contra el fiscal del caso Tándem, en el que el despacho de la pareja de Delgado, Baltasar Garzón, defiende a varios imputados.

Sobre el primero de los hechos, García Ortiz ha vuelto a desvincular su asistencia a aquel acto de afinidades políticas, y recalcó que participó como representante del Ministerio Público especialista en medio ambiente y que lo hizo, además, con permiso de la inspección fiscal. «El contenido del acto es evidente que no lo han oído. Da igual lo que se diga; solo importa la foto», lamentó el fiscal general, que protagonizó varios enfrentamientos directos con Santamaría (PP).

García Ortiz defendió además su intervención en el caso Stampa y afirmó que él no dio (porque no puede) ninguna orden al fiscal que investigaba, y que en todo caso se trató de una «sugerencia» para que practicara una diligencia que era fundamental (una toma de declaración) que no se había llevado a cabo y de hecho, cuando se hizo, el caso terminó archivado.

Durante su comparecencia previa a la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, García Ortiz expresó su reconocimiento a la labor desempeñada por Delgado y a las «importantes iniciativas beneficiosas para la carrera fiscal» que su antecesora puso en marcha, entre ellas el aumento de plazas para fiscales, planes de formación, circulares e instrucciones. «Me da reparo que alguien diga que desde la Secretaría Técnica no hemos hecho nada», lamentó el próximo fiscal general. Aprovechó la ocasión también para arremeter contra los siete vocales del CGPJ que suscribieron un voto particular cuestionando su imparcialidad.

Entre los retos al frente del Ministerio Público, García Ortiz se refirió al cambio de modelo procesal que implicará dejar la instrucción de las causas penales en manos de la Fiscalía en lugar del juez, y no ocultó la necesidad de reforzar mecanismos de autonomía de los fiscales mediante la reforma de su estatuto orgánico. Se comprometió a asegurar que aspectos como la dación de cuentas y el derecho del fiscal a discrepar se vean garantizados.

Precisamente a las discrepancias con superiores jerárquicos aludió García Ortiz en relación con el caso Miguel Ángel Blanco y el polémico cambio de criterio que ha llevado al Ministerio Público a no ver posible proceder contra los autores intelectuales del asesinato del edil popular. Negó que se «hayan dado directrices de ningún tipo» en este sentido y anunció que, ante las discrepancias que está generando la posible prescripción de los hechos, convocará a la junta de fiscales para conocer su opinión. Este órgano está compuesto por una treintena de fiscales de primera categoría y distintas sensibilidades.

García Ortiz volvió a negar ayer la información de ABC sobre su presunta reunión en el restaurante de un hotel de Madrid con el expresidente de la Banca Privada de Andorra Higini Cierco, denunciante de Rajoy en la llamada «operación Cataluña». El fiscal general anunció acciones legales contra este periódico por seguir manteniendo la existencia de un encuentro del que dan fe dos testigos presenciales.