La Audiencia Nacional archiva la investigación de Pegasus

En el auto de sobreseimiento provisional, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro repasa todas las diligencias practicadas a lo largo de la causa, que se ha seguido por un delito de descubrimiento y revelación de secretos que, dice, ha «puesto en jaque la propia seguridad del Estado».

De acuerdo con los indicios recabados a lo largo de la investigación, indica la resolución ,la infección del móvil del presidente del Gobierno se produjo en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. El primero de los procesos que se han detectado como dañinos se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 y la cantidad de información «exfiltrada» entre ambas fechas fue de, al menos, 2,57 GB. La segunda se detectó el 31 de mayo y la información «exfiltrada» fue de 130 MB.

En cuanto al móvil de la ministra de Defensa, según el auto, presenta indicios de haber sido infectado por Pegasus en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021, mientras que el del ministro del Interior lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año. Por su parte, el móvil del ministro de Agricultura, explica el texto, fue objeto de una infección el 25 de junio de 2021, si bien la cantidad de información «exfiltrada» (inferior a 1 kb) sugiere un intento de infección no exitoso por la existencia de una de las aplicaciones «vacuna».

El instructor considera que los hechos investigados pueden enmarcarse en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que salvaguardan espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extrañas, unos delitos que para el magistrado «han puesto en jaque la propia seguridad del Estado».

«Ahora bien, la frustración de la investigación derivada del no cumplimiento de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel impide investigar sobre la atribución de la autoría a persona concreta alguna, abocándonos, de forma indefectible, a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor o autores conocidos, tal y como previene el referido art. 641.2« de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concluye.

De esta manera, el instructor de la causa corrobora que hubo un ataque a los dispositivos de los miembros del Gobierno pero archiva provisionalmente, dejando abierta la posibilidad de avanzar en la investigación en caso de que Israel aporte nueva información, algo que ve poco probable.

Para el juez, la situación procesal sitúa el procedimiento en lo que el Tribunal Supremo califica de "impotencia investigadora", que impide conocer la realidad de lo sucedido, y que, en este caso, conlleva que "el proceso permanezca aletargado o en latencia, hasta que la información obtenida a través de un puntual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que Israel tiene obstruida o bien nuevas fuentes de prueba, permitan la continuación del procedimiento".