La asociación mayoritaria de la Guardia Civil denuncia a Grande-Marlaska por «prevaricación» y «abandono» en Torre Pacheco

En la denuncia presentada en el Tribunal Supremo en relación con los mencionados altercados, JUCIL argumenta que «si bien, desde el viernes que comenzaron dichos altercados, el Estado español, y concretamente en su condición como responsable directo el ministro de Interior, no realizó acto alguno para movilizar a las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil operativas al lugar de los hechos, hasta el día 13 de julio, domingo, es decir, tres días después de que comenzaran los hechos».

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De acuerdo con este relato de los hechos, «todos los recursos (de la Guardia Civil) se encontraban activados desde el jueves, día después de la agresión sufrida por el vecino en la localidad, según la delegada del Gobierno en Murcia, pero efectivamente las fuerzas desplegadas por el Ministro de Interior, de los grupos especializados de la Guardia Civil, no fueron comisionados hasta el lunes, cuatro días después». De hecho, fue el lunes cuando comenzó su función el pelotón del GRS (Grupo de Reserva y Seguridad) formado por 18 agentes. Según JUCIL, «dicho retraso en el despliegue fue puramente político, pues dichos grupos se encuentran especializados y preparados para actuar prácticamente al instante».

Entre el viernes 11 de julio y el lunes 14 sólo se constata la actuación de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia desplazadas desde Murcia y Cartagena. En ausencia de los GRS, recayó sobre estas unidades, en colaboración con la Policía Municipal, la protección de los ciudadanos, cuando ya se registraban los primeros enfrentamientos entre vecinos y grupos ultras. Los miembros de las USECIC carecen de medios adecuados para intervenir en este tipo de altercados.

JUCIL considera que esta situación «podía haberse evitado con una actuación rápida, precisa, contundente y efectivamente cubierta por la eficacia de un equipo de respuesta rápida como es el GRS de la Guardia Civil». Y añade: «Incluso se podría calificar como una dejación de funciones, dado que mientras todo ocurría en el municipio, el ahora denunciado se encontraba en Wimbledon, asistiendo al campeonato de tenis».

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En la denuncia ante el Tribunal Supremo, los servicios jurídicos de JUCIL solicitan que se practiquen las diligencias necesarias para esclarecer la cadena de decisiones operativas adoptadas en relación con el envío de efectivos a Torre Pacheco. También insta a que se oficie a la Guardia Civil para que emita «información de quienes fueron los mandos intervinientes, responsables políticos y agentes afectados, así como se recibió la orden, si el GRS se encontraba preparado para actuar, y cuando se encontraba listo».