Armengol ignora el Código de Conducta de Batet: ni investigará ni sancionará a Ábalos y Cerdán

Sin embargo, la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, descarta utilizar esta herramienta para averiguar si las conductas de Santos Cerdán y José Luis Ábalos han podido vulnerar las obligaciones previstas en la Constitución, la Ley Electoral y el Reglamento del propio Congreso, desarrolladas y complementadas en el Código de Conducta. «Cerdán ya no es diputado. En el caso de Ábalos, está imputado y está siendo investigado por un órgano judicial. Un principio esencial del derecho es que no se pueden abrir dos líneas de investigación por los mismos hechos. Y obviamente la vía penal del Supremo tiene precedencia», subrayan desde el gabinete de Armengol.

Pero fuentes del cuerpo de letrados discrepan totalmente. «No habría incompatibilidad porque el Tribunal Supremo no está investigando hechos que puedan suponer un uso interesado o indebido de su condición de diputado o infracción de las normas sobre el Código de Conducta. Son dos investigaciones diferentes y compatibles. La tesis de que renunciada el acta se puede «pasar» de unas declaraciones de bienes, rentas o actividades falseadas o de un uso indebido de la condición de diputado no tiene apoyo explícito», subrayan a ABC.

En este momento, Ábalos es únicamente diputado ya que el lunes el PSOE lo expulsó como militante. Cerdán renunció tanto a su escaño como a la militancia socialista.

Fuentes parlamentarias apuntan a que la resistencia de Armengol a abrir una investigación puede deberse a su propia situación. El pasado viernes se confirmó que la presidenta del Congreso mintió en junio de 2024 en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo al asegurar que no conocía al intermediario de la trama Koldo, Víctor de Aldama, pese a haberse reunido con él en Palma en 2020. En las comisiones de investigación los comparecientes no pueden faltar a la verdad.

En el caso del Congreso, el Código de Conducta establece que si se inicia el procedimiento será la Comisión del Estatuto de los Diputados la encargada de elaborar un informe sobre la posible infracción.

La Mesa de este órgano se encuentra bajo control del bloque conservador ya que cuenta con tres miembros siendo su presidente Manuel Cobo (PP), el secretario José María Sánchez (Vox) y la vicepresidenta María Monserrat García (PSOE). El Código de Conducta recoge que para la elaboración del informe se «deberá oír al parlamentario afectado» y se podrá «recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses». Todo ello porque «deberá concluir si ha existido o no infracción» y «en su caso, proponer la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento».

Además de garantizar la ejemplaridad y la transparencia de los diputados, la regulación que aprobaron Batet y Llop tiene también entre sus propósitos «reforzar el buen nombre del Reglamento y la relación de confianza entre la ciudadanía y sus representantes». Por ello, el Código de Conducta obliga a sus señorías a observar «los siguientes principios generales de conducta» durante el ejercicio de sus funciones: «integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto, tanto a los demás miembros de las Cámaras como a la ciudadanía en general. Así como con acatamiento y respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, especialmente a los Reglamentos de las Cámaras y a las resoluciones que los desarrollan».

«Los miembros de las Cortes Generales ejercerán sus derechos y cumplirán los deberes inherentes a su cargo atendiendo exclusivamente a la consecución del interés general y se abstendrán de buscar u obtener beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni recompensa de ningún tipo por ello». Ambos mandatos, recogidos en el artículo dos del Código, convierten en infracción actuaciones como falsear cualquiera de las tres declaraciones que deben realizar los diputados tanto al asumir su cargo como al cesar: bienes y rentas, actividades e intereses económicos.

El Código de Conducta de las Cortes tiene una importancia añadida y es que fue una respuesta parcial y que ya llegó tarde al Informe de Evaluación sobre España aprobado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, en diciembre de 2013. Ese documento dio un tirón de orejas a nuestro país, recomendando la elaboración y aprobación de una regulación para los parlamentarios «que fuera fácilmente accesible para el público y que incluyera medidas para prevenir los conflictos de intereses; sobre regalos y otros beneficios; sobre actividades accesorias e intereses financieros, y sobre requisitos necesarios para su publicidad». La potestad de la Presidencia para iniciar un procedimiento de investigación, infracción y sanción fue una de las medidas más relevantes.