Armengol compró sin contrato las mascarillas no aptas

De hecho, las mascarillas aterrizaron en Palma dos días antes de que el Ejecutivo socialista iniciase el pago. Uno de los empresarios de la adjudicataria fue grabado en una conversación telefónica afirmando que el contrato había sido «verbal».

Un informe de la Guardia Civil que obra en el sumario al que tuvo acceso ABC advierte de esta y otras irregularidades en la tramitación de la compra. En la documentación entregada a la investigación por el Servicio de Salud de Baleares no aparece ningún contrato previo ni posterior. Tampoco hay ningún escrito donde se especifique quién hace el encargo, cuándo lo hace por primera vez, cuáles son las condiciones de compra ni qué se pide exactamente.

Este último aspecto ha cobrado relevancia porque, poco después de la entrega de las mascarillas, el Gobierno balear detectó que eran quirúrgicas y no FFP2, como supuestamente se había solicitado. Por ese motivo, el Ejecutivo insular almacenó el cargamento, que nunca se llegó a utilizar y ha caducado. Pese a constatar este supuesto error en el envío, el Gobierno de Armengol no lo reclamó hasta tres años más tarde, cuando había perdido las elecciones.

La UCO considera que toda la operación vulnera claramente la Ley de Contratación, que exige que se detallen la identificación de las partes, la definición del objeto del contrato y las condiciones de la recepción de lo que se compra. El expediente sí mencionaba que fue la empresa quien se puso en contacto con el Servicio de Salud para «avisar de que tenían un avión repleto de mascarillas FFP2», pero en la documentación entregada por este organismo no se incluye «comunicación alguna entre las partes».

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La contratación de las mascarillas por las que el Gobierno de la socialista Francina Armengol pagó 3,7 millones euros a la empresa investigada fue «preconcedida», se hizo a dedo y sin contrato previo ni posterior. El informe de la Guardia Civil, que investiga la trama balear del caso Koldo, advierte de una serie de irregularidades durante la tramitación de la compra y el pago.

Los empresarios tras la adjudicataria, Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, querían que Koldo frenase la reclamación del dinero por parte de Baleares. Por teléfono, el asesor le dijo a Cueto que lo había hablado en el «ex ministerio donde yo trabajaba antes» y creía «no tiene recorrido jurídico». De la cartera que ahora dirige Óscar Puente se habla en el sumario y también de él. Koldo invitó a un alto cargo de Transportes a dirigirse al nuevo ministro para garantizarse continuidad. «Le llamas ¿vale? Que él también vea que tienes fuerza». Le dice el exministro Ábalos ya ha hablado también en su favor.