Aragón se mantiene en su rechazo al reparto de menores inmigrantes y tilda de «opereta» la reunión en el Ministerio de Sira Rego

Aragón ha vuelto a mostrar su oposición a la propuesta contenida en Real Decreto Ley mediante el que el Gobierno de España impone a las autonomías los criterios de reparto de menores inmigrantes no acompañados que permanecen en Canarias. Así lo confirmó este lunes la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, tras acudir a la Conferencia Sectorial aplazada una semana por el gran apagón del pasado 28 de abril.

«Después de cinco horas de Conferencia Sectorial en la que las comunidades Autónomas hemos manifestado nuestra posición -la que venimos reiterando desde que se conoció el contenido del Real Decreto- el Gobierno, al ver que tenía la votación perdida, incluso porque comunidades del PSOE iban a votar en contra del punto 2 del orden del día, no nos ha dejado votar», lamentó Susín al finalizar el encuentro.

«Hemos pedido que el Gobierno retirara el punto del orden del día y se ha negado; ha sido surrealista», explicó.

Según expresó la consejera del Gobierno aragonés, «en una convocatoria que era ilegal, cuando han llegado y han visto que iban a perder la votación porque las regiones, incluida Castilla-La Mancha, habíamos anunciado que íbamos a votar en contra y a presentar recursos de constitucionalidad, deciden que no dejan votar«, dijo Susín.

Cabe recordar que Aragón y la Comunidad de Madrid han presentado sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra esta convocatoria y reparto de menores.

«Realmente este Gobierno no tiene un plan; no saben qué van a hacer con los menores de Canarias«, añadió y calificó la situación vivida esta tarde en la Sectorial de »opereta«. Este 'no' de Aragón, compartido por tanto por la mayoría de las autonomías, es un 'no' a un acuerdo basado «en la desigualdad» que no tiene en cuenta «el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años en la acogida de menores inmigrantes», destacó al mismo tiempo Susín. «Se está castigando a las comunidades que, como Aragón, llevan años mejorando la atención a los menores bajo su tutela y se premia a las que no han hecho ningún esfuerzo en la desinstitucionalización de esos menores vulnerables», consideró la consejera de Bienestar Social y Familia, quien no duda de que Aragón es «solidaria» y aspira a poder atender «con toda la dignidad que merecen» a menores que se encuentran en una situación de «extrema vulnerabilidad», algo que es «imposible de hacer si se lleva al límite al sistema autonómico de protección de menores».

«No olvidemos que son precisamente esos menores quienes están siendo los paganos de la sumisión del Gobierno de España a sus socios y de la inexistente política migratoria del Estado y no hay menores de primera y menores de segunda«.

Carmen Susín ha recordado además que el Gobierno central sigue incumpliendo el reciente auto del Tribunal Supremo que obligaba al Estado a asumir la tutela de 1.200 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo y que actualmente están siendo atendidos por Canarias. «Están diciendo que el Gobierno no tiene medios para hacerse cargo de todos ellos, ¿y las comunidades sí tenemos esos medios?», quejándose del millar de menores que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido «por la puerta de atrás».

«¿Por qué ahora, sin ningún criterio objetivo, se establece que debe haber una plaza para menores extranjeros no acompañados cada 2.500 habitantes?», se preguntó la consejera Susín, antes de responderse: «El único motivo es que es esa cifra la que le conviene a Cataluña, que sólo va a acoger a 30 menores».

Respecto a los 100 millones del crédito extraordinario que el Ministerio de Juventud e Infancia afirma que van a destinar a sufragar los gastos derivados de este reparto, la representante de Aragón en la Sectorial censura que sólo se servirán para costear los traslados y para las comunidades que en el RDL se señalan como 'tensionadas'; esto es, Cataluña, Ceuta y Canarias, lo que «supone otra financiación encubierta para Cataluña, una vez más», critica. «Aragón, por dictado del señor Puigdemont, tiene que tener 450 plazas para atender menores no acompañados, aunque estén vacías, y además no van a contar con ninguna financiación del Estado», lo que supone una «discrecionalidad manifiesta«.

Durante la reunión de la Sectorial, Aragón reclamó «coordinación, planificación y lealtad».

El Ejecutivo de Jorge Azcón también recurrió la convocatoria de esta conferencia con un contencioso–administrativo, admitido a trámite la semana pasada por la Audiencia Nacional. Dado que la convocatoria fue suspendida por el apagón, el recurso se amplió a la nueva fecha mediante un escrito. Este recurso se suma al presentado para impugnar el requerimiento formulado por el Ministerio de Juventud e Infancia de remisión de los datos relativos a las plazas y ocupación de los centros de menores en Aragón, que fue el primer acto administrativo derivado de este Real Decreto Ley.