Torra ha engordado la Generalitat con 1.000 empleados más en solo seis meses

Pasarán varios meses hasta que se sepa cómo han ido las colocaciones en ese entramado de organismos desde que Torra llegó al poder. Pero, mientras tanto, lo que sí se sabe ya es que en la Administración de la Generalitat, en el núcleo duro del sector público catalán, ha habido un auténtico desembarco de interinos, a cientos. Y es que, desde hace años, todo lo que engorda la plantilla de la Generalitat es a costa de colocados que no son funcionarios en sentido estricto, que no son empleados públicos de carrera con puesto en propiedad.

Ese aumento de plantilla conlleva una escalada de los gastos de personal de la Generalitat , cuyas finanzas se sostienen desde hace años a base del dinero que le inyecta el Estado. En 2013, el sector público de la Generalitat consumió 6.557 millones de euros en sueldos; en 2017, la cifra se elevó a 7.450 millones de euros; y este 2018 las últimas previsiones de gasto ascienden a 7.646 millones . Es decir, en solo un quinquenio, el coste anual en sueldos se ha disparado en alrededor de mil millones de euros, un 15% .

El independentista Quim Torra fue investido presidente de la Generalitat el 14 de mayo. Y, en apenas un par de semanas, comenzó la oleada de contrataciones. Donde más rápidamente se notó fue en la nómina de altos cargos políticos y asesores. Pero con el paso de los meses se ha hecho evidente también en la lista de empleados de las distintas áreas administrativas.

En cómputo global, la Administración de la Generalitat ha sumado mil trabajadores más desde que el Gobierno central dejó de dirigir el Ejecutivo catalán y los independentistas recuperaron el poder.

De noviembre de 2017 a abril de 2018, la intervención de la Generalitat por parte del Estado contuvo el aumento de plantilla en la Administración de la Generalitat, algo a lo que contribuyó la eliminación de prácticamente todos los puestos de asesores y de una significativa parte de los altos cargos que estaban colocados en el Gobierno de Puigdemont. Pero esa contención de plantilla acabó en cuanto el Estado se retiró del Ejecutivo catalán y Quim Torra tomó las riendas de la Generalitat: entre mayo y octubre, la Administración de la Generalitat pasó de tener 167.239 asalariados a contar con 168.220, según los propios registros oficiales que maneja el Ejecutivo catalán. De esos mil más que han pasado a engrosar la plantilla de la Generalitat, casi 200 son puestos de designación política -altos cargos y asesores-, más de 700 son contratados interinos y una minúscula porción -tan solo una treintena- se han incorporado como empleados públicos de carrera, con plaza realmente en propiedad.

Hace años que los sucesivos gabinetes independentistas hacen gala de una entusiasta contratación de interinos, en detrimento del personal de carrera de la Generalitat . Por definición administrativa y jurídica, el funcionario de carrera es menos vulnerable ante eventuales presiones políticas, gracias a la seguridad jurídica que le otorga su estatuto profesional. Y eso, además, es una garantía de objetividad e independencia en el ejercicio del empleo público -sin contar con que el acceso por oposición a una plaza en propiedad se rige legalmente por procedimientos más transparentes y estrictos-. Pero, en la Generalitat, cada vez es menor el número de funcionarios y mayor el de contratados interinos. Así viene ocurriendo desde 2013, cuando Artur Mas tomó las riendas de la Generalitat -con él arrancó también el desafío secesionista-. Tras unos pocos años de fugaz recorte de plantilla, forzado por la crisis, desde 2013 no para de engordar la lista de asalariados de la Generalitat. Y lo hace, persistentemente, a base de caer el número de funcionarios y disparar la cifra de interinos.

Actualmente, la Generalitat tiene casi 250.000 empleados públicos, pero apenas hay 105.000 funcionarios propiamente dichos . Es decir, son bastante menos de la mitad de la plantilla total. La paradoja es gruesa: ahora, la Generalitat tiene casi 20.000 asalariados más que hace cinco años, pero 17.000 funcionarios menos. La mayor parte de los que están a nómina son interinos, laborales temporales o personal con otro tipo de contratos, ajenos al estatuto del funcionario.