El PSOE intenta tumbar ahora el trasvase que Zapatero concedió a Cataluña hace siete años

Cuando el asunto parecía olvidado, la Generalitat ha decidido echar mano de aquella orden ministerial que autorizaba a la Administración catalana a construir un trasvase con el que transferir anualmente 0,62 hectómetros cúbicos de agua a una treintena de municipios de Cataluña, cuatro de ellos no pertenecientes a la cuenca del Ebro.

El asunto ya generó revuelo en aquel momento y puso en apuros al por entonces Gobierno aragonés PSOE-PAR, después de diez años en los que el agua fue utilizada como ariete contra el PP en esta Comunidad autónoma.

De hecho, una de las primeras medidas que adoptó Zapatero al llegar al poder fue derogar el trasvase del Ebro proyectado por el Ejecutivo de Aznar para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

Aquello fue exhibido como logro por el PSOE en Aragón, secundado por el PAR en aquel momento como socio de coalición del Ejecutivo regional. Poco después, en 2007, todos los partidos -incluido el PP- habían cerrado filas en contra de cualquier trasvase del Ebro y lo habían consagrado como obligación de los poderes públicos aragoneses. Así lo reflejaron en el Estatuto de Autonomía de Aragón que fue aprobado en 2007.

Sin embargo, en 2010 llegó la petición de la Generalitat para su particular trasvase. El nacionalismo catalán lo reclamó pese a haber participado activamente del frente político que tiempo atrás se desplegó contra el PP por el trasvase al Levante.

Zapatero acabó concediendo autorización para el trasvase solicitado por la Generalitat , y el Gobierno aragonés PSOE-PAR la avaló también con un informe favorable.

Se trató de una orden ministerial de concesión tipificada como «temporal y transitoria» . Pero el Gobierno catalán del independentista Puigdemont entiende que sigue en vigor y pretende activarla ahora -Artur Mas no lo hizo en su etapa al frente de la Generalitat-. Y el PSOE aragonés ha puesto el grito en el cielo. Considera que el hecho de que el agua a trasvasar llegue a municipios no pertenecientes a la cuenca del Ebro hacen de este proyecto un trasvase en toda regla. E insiste en que lo de menos es la cantidad de agua a trasnferir, que lo relevante es la sustancia jurídica del proyecto, similar a cualquier otro trasvase -incluido el que el Levante siempre ha reclamado-.

El socialista Javier Lambán ya dijo hace días que desplegaría todas las acciones políticas y jurídicas a su alcance para impedir que la Generalitat consume su plan de trasvase. El problema es que se enfrenta a una autorización que su propio partido, el PSOE, concedió hace siete años, con el aval de su antecesor en la secretaría general de los socialistas aragoneses, Marcelino Iglesias.

Lambán, sin embargo, ha empezado a desplegar esas acciones que prometió días atrás y el Gobierno aragonés ha comenzado a articular la batalla legal contra aquella concesión hídrica que hizo Zapatero en favor de Cataluña.

Una de las tesis que va a defender la Administración aragonesa es que aquella concesión «temporal y provisional» tiene que considerarse ya caducada, al haber transcurrido siete años desde que se emitió y tras haberse dictado en un contexto temporal muy concreto de escasez de agua en las cuencas internas de Cataluña.

El Gobierno de Lambán acaba de crear un «equipo técnico para la defensa de los derechos sobre el agua» y ha puesto en marcha la maquinaria de sus servicios jurídicos, a fin de que actúen legalmente contra ese trasvase que la Generalitat pretende llevar a cabo al amparo de la concesión que le hizo el Ejecutivo de Zapatero.