Las Cortes de Aragón votarán una iniciativa para hacer fijos a 17.000 interinos por abuso de temporalidad

Según el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), una «solución justa» para los trabajadores que se encuentran en esa situación es garantizar que van a seguir en sus plazas, sin temor a verse despedidos en el caso de que sus puestos salgan a oposición y no las superen. Y, para ello, proponen que sean reconocidos como funcionarios «fijos a extinguir».

Así lo recoge la proposición no de ley que STEPA presentó este miércoles ante las Cortes de Aragón, acogiéndose al derecho de la iniciativa ciudadana. Ahora serán los partidos políticos representados en la Cámara autonómica los que tendrán que debatir y votar la iniciativa.

Las proposiciones no de ley, en caso de prosperar, no tienen efecto imperativo ni vinculante. Es decir, no tienen eficacia legislativa ni son acuerdos parlamentarios de obligado cumplimiento por parte del Gobierno -el regional en este caso-. Pero sí tienen un elevado significado político , y reflejan la voluntad y posición de cada partido respecto al asunto que se vota.

Está por ver, ahora, si hay mayoría o no en las Cortes regionales para apostar por la solución de convertir en funcionarios «fijos a extinguir» a los interinos que llevan más de tres años al servicio de la Administración. Las Cortes de Aragón las integran, por un lado, los cuatro partidos que gobiernan en coalición -PSOE, Podemos, la Chunta y elPAR- y otros cuatro que están fuera del ejecutivo autonómico, el PP, Cs, IU y Vox.

Según STEPA, los 17.000 interinos aragoneses han superado el límite legal de tres años representan un amplio porcentaje de la plantilla de las administraciones públicas de la región. La mayoría se concentran en la plantilla de la Administración autonómica aragonesa, que depende del Gobierno regional. Calcula STEPA que el 28,5% de los trabajadores de la Administración autonómicas son interinos en fraude de ley, que llevan más de tres años en su plaza. Una anomalía que, según recuerda también este sindicato, ha sido censurada por la Unión Europea.