El PP pide al Gobierno aragonés que se alíe con los bancos para mantener las oficinas de los pueblos

Muchas de esas sucursales han cerrado en Zaragoza capital y en otros núcleos urbanos de la región, pero otras han echado la persiana en pueblos, en pequeños municipios donde la atención bancaria personal es especialmente necesaria por el envejecimiento demográfico y la despoblación.

La provincia de Zaragoza ha sido la más castigada por esta oleada de cierres. En esta provincia solo quedan 572 de las 1.124 sucursales que tenía hace diez años, lo que significa que ha perdido la mitad. Exactamente, el 49%. La provincia de Huesca ha perdido 124 –el 37% de las que tenía hace diez años–, y en la provincia de Teruel han desaparecido 59, una cuarta parte de las que había, según los datos que recoge la proposición no de ley que acaba de presentar el PP en las Cortes de Aragón, en la que pide al Ejecutivo autonómico que se alíe con los bancos para mantener las oficinas de los pueblos. El texto, que será debatido y votado próximamente, ha sido promovido por el diputado Javier Campoy, portavoz de economía del PP en las Cortes de Aragón .

En esta iniciativa parlamentaria se subraya que el cierre de oficinas en los pueblos está «empobreciendo» el medio rural. Destaca que las entidades financieras se han visto forzadas a adelgazar su red de oficinas para adaptarse a las exigencias de solvencia. Y afirma que, ante este nuevo contexto, la solución pasa por acuerdos de cooperación entre la Administración autonómica y los bancos, a fin de buscar fórmulas de colaboración que permitan sostener las sucursales rurales.

«El Gobierno de Aragón debe asumir este asunto como un reto formidable antes de que sea demasiado tarde» , afirma la proposición no de ley que el PP ha presentado en las Cortes regionales. Advierte que las sucursales deben ser consideradas como servicios esenciales en la lucha contra la despoblación rural.

Esta proposición no de ley se suma a las iniciativas y declaraciones institucionales que se han ido produciendo en los últimos años en diversos foros, para alertar del impacto que está teniendo en el medio rural la pérdida de servicios financieros. Hace un año, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Zaragoza , Juan Antonio Sánchez Quero (PSOE), sacó adelante una moción en la que se pedía a los bancos que garanticen la atención presencial en los pueblos y que «rescaten al medio rural» . Esa moción fue aprobada por unanimidad, con los votos de todos los grupos representados en la DPZ, entre ellos el PP. Y ahora son los populares los que buscan un acuerdo en las Cortes de Aragón con similar objetivo, pero en el que piden además la implicación del Ejecutivo regional.