Piden investigar al gobierno de Puigdemont por delitos de desobediencia y apropiación

Son los conocidos como «bienes de Sijena» o «tesoro artístico de Sijena». Una sentencia ha declarado ilegal la adquisición de estas piezas realizada por parte de la Generalitat hace más de 20 años.

Este caso arrancó hace años y ha trascendido de la mera disputa sobre patrimonio cultural para mezclarse con el desafío independentista catalán . Lo dejó claro hace una semana la CUP cuando, en un pleno del Parlamento de Cataluña, proclamó que incumplir esta orden de devolución es una cuestión «de soberanía». Llamó abiertamente a rebelarse contra estos mandatos judiciales en aras a demostrar que Cataluña no va a «someterse nunca más» a la Justicia española que entiende «politizada».

ERC también ha hecho causa común en este asunto en contra de cumplir la orden de devolución, y el partido de Carles Puigdemont ha secundado esa misma posición al anunciar formalmente la Generalitat que ve «imposible» cumplir la orden judicial porque «colisiona» con las «leyes catalanas» . Así lo ha dicho el consejero de Cultura de la Generalitat, Santi Vila (ERC) , pero también la portavoz del Gobierno de Puigdemont, Neus Munté (Convergencia) .

El asunto ha acabado comprometiendo políticamente, al PP catalán y a los socialistas del PSC . La semana pasada, ambos unieron sus votos a los de los independentistas para aprobar una moción en el Parlamento catalán en la que se instaba a la Generalitat a adoptar cualquier medida necesaria para impedir que esas 97 obras de arte salgan de Cataluña.

El desafío abierto frente a la Justicia en este asunto expone legalmente y de forma directa al consejero Santi Vila, al que implícitamente apunta -entre otros- la petición planteada desde Aragón para investigar la comisión de los supuestos delitos de desobediencia y de apropiación indebida por el caso de los «bienes de Sijena». Pero, por las declaraciones hechas en los últimos días por Santi Vila, la cuestión podría salpicar a más miembros de la Generalitat, ya que ha asegurado que en este asunto cuenta con «todo el apoyo» del Gobierno de Puigdemont .

El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, interpreta esta actitud de la Generalitat y de la órbita independentista catalana como el primer paso de su «hoja de ruta» independentista, su plan para la «desconexión» . Un paso que se sustanciaría, de esta forma, no reconociendo al sistema judicial español y poniendo por delante en este asunto a la «soberanía» y a las «leyes catalanas».

En este litigio, y en las acciones penales que se piden sondear, actúan de forma coordinada los letrados del Gobierno aragonés, Alberto Gimeno, y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español.

Este último ha destacado, y así lo ha hecho constar en un escrito presentado este mismo jueves a la juez que lleva el caso, que la Generalitat ya ha incurrido en desobediencia, al proclamar públicamente -e incluso notificar formalmente por escrito- que se niega a cumplir la orden que dictó el 4 de julio la juez de Huesca para que el Gobierno catalán comunicara el plan de transporte de esas 97 piezas a Cataluña.

El plan debía haberse presentado ayer miércoles, pero la Generalitat comunicó oficialmente que se negaba a hacerlo. Jorge Español entiende que esto constituye en sí mismo un delito de desobediencia y ha pedido a la juez que, a través de la Fiscalía, se investigue a los responsables.

El próximo lunes, por su parte, finaliza el plazo marcado en otra orden por la misma juez, para que la Generalitat entregue a Aragón esas 97 obras de arte. De no ser devuelta esa colección al completo en la fecha marcada, la parte aragonesa ha advertido que se habría consumado otra desobediencia judicial y que, además, en este caso se habría producido también un delito de apropiación indebida. Dichas obras de arte son propiedad privada, de la comunidad de monjas del monasterio de Villanueva de Sijena.

La Generalitat ha enviado en las últimas horas una carta al Gobierno aragonés en la que se ratifica en que no piensa devolver las 97 piezas en las condiciones marcadas por la Justicia. Dice estar dispuesta a entregar únicamente 56 de ellas, y no en el plazo marcado por la juez -el próximo lunes-, sino a partir del acuerdo que al respecto adopte al día siguiente, el martes, el Consejo de Gobierno de la Generalitat.

La parte aragonesa ha pedido a la juez del caso que envíe a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional para incautarse de esas 97 piezas y trasladarlas a Aragón, si a las doce de la noche del lunes no han sido entregadas voluntariamente. Se encuentran repartidas entre el Museo de Lérida y el barcelonés Museo Nacional de ARte de Cataluña (MNAC).

Además, Jorge Español ha advertido que, al tratarse de obras catalogadas como bien cultural y parte de un conjunto que está declarado Monumento Nacional, ese delito de apropiación indebida se castigaría en su escala de mayor gravedad , con penas que podrían ir de los tres a los seis años de prisión . Por su parte, el delito de desobediencia se castiga con multas y penas de inhabilitación.