Las CUP llaman a la desobediencia judicial en el conflicto del arte con Aragón

Durante el debate, la diputada de las CUP Mireia Boya ha llamado abiertamente a la desobediencia judicial en este litigio, y a retener las obras de arte aragonesas como parte del desafío independentista. «Esto va de conservar el legado artístico, de soberanías, de futuro, de dignidad y de no someterse nunca más a una justicia politicada», ha dicho la parlamentaria de las CUP.

El PP , pese a su voto del lado de los independentistas en este asunto, ha tratado de marcar distancias aclarando que los populares no abogan por incumplir las sentencias, sino por esperar a que sean firmes. Aluden así al hecho de que el litigio todavía está en curso, porque está recurrida esa primera sentencia dictada hace un año por un juzgado de Huesca. El mismo juzgado ha ordenado, sin embargo, la devolución cautelar de las 97 obras de arte al Monasterio de Sijena el día 25, en tanto sigue adelante el proceso judicial.

Los socialistas del PSC , los independentistas de Junts Pel Sí y la franquicia catalana de Podemos han justificado su rechazo a la devolución de esas obras de arte por considerar que, en contra de lo que dice la sentencia, la compra que en su día realizó la Generalitat sí que fue legal.

El asunto ha abierto un cisma entre el PP de Cataluña y Aragón, al igual que entre el PSOE aragonés y el PSC. Desde Aragón, populares y socialistas han criticado duramente la posición adoptada por sus compañeros de filas catalanes en este tema.

Ciudadanos ha optado finalmente por no oponerse al acuerdo promovido en el Parlamento catalán, pero tampoco lo ha apoyado. Ha optado por la abstención y ha pedido que «respeto por la separación de poderes». «Solo pedimos que deben acatarse las sentencias», ha afirmado la diputada de Cs Sonia Sierra.

Por su parte, el abogado que defiende los intereses de Villanueva de Sijena, Jorge Español , ha reiterado que el acuerdo adoptado este miércoles por el Parlamento catalán en absoluto afecta a la orden de ejecución de la sentencia dictada por el juzgado oscense. Por tanto, mantiene su plena vigencia el plazo del día 25 para que Cataluña entre a Aragón esas 97 obras de arte.

El acuerdo aprobado por el Parlamento de Cataluña ha provocado una oleada de críticas desde los partidos políticos de Aragón. El PAR, CHA, Ciudadanos y el PP aragonés han interpretado la decisión del Parlmento catalán como un insulto.

Así, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, considera «un insulto a los aragoneses y una injerencia impropia de una institución parlamentaria» el acuerdo de hoy del Parlamento catalán de instar a su Ejecutivo a evitar la devolución a Aragón de los bienes del Monasterio de Sigena depositados en museos de Cataluña.

Para el presidente del PAR, es «el colmo» que las autoridades catalanas estén realizando una campaña «política y social que pervierte el sentido de la razón intentando impedir que prevalezca la justicia y se entregue a Aragón lo que es de Aragón, como así ha sido reconocido judicialmente».

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos Aragón, Susana Gaspar, ha considerado hoy «fundamental» respetar las resoluciones judiciales y ha instado a que se cumpla la sentencia que obliga a la devolución los bienes del Monasterio de Sijena (Huesca) depositados en museos de Cataluña.

Gaspar ha advertido además de que «las Cortes de Aragón o el Parlament no pueden votar a favor o en contra de una resolución judicial porque es vulnerar el principio de separación de poderes», y por eso no cree que «el legislativo deba interferir u opinar sobre las resoluciones del poder judicial».

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, María Ángeles Orós, ha expresado su firme rechazo a la resolución aprobada hoy por el Parlament de Cataluña para evitar la devolución de los bienes del Monasterio de Sijena y que ha sido apoyada por su grupo parlamentario catalán.

Orós exige asimismo el cumplimiento de la sentencia que obliga a la devolución a Aragón de las piezas artísticas y en el plazo establecido judicialmente, al tiempo que advierte de que una institución parlamentaria como la Cámara catalana debe defender la legalidad y el derecho.