Detectan decenas de contratos a dedo en la Sanidad aragonesa, por valor de 200 millones de euros

En 2017 estaba al frente de la Consejería de Sanidad del Gobierno aragonés el socialista Sebastián Celaya. En julio de 2018 abandonó el Ejecutivo regional PSOE-Chunta presidido por Javier Lambán. Celaya presentó su dimisión y fue sustituido por Pilar Ventura.

En su informe, la Cámara de Cuentas asegura que se incumplió la ley de contratos en al menos el 41% de todas las compras y servicios adquiridos por la Sanidad pública aragonesa en 2017. Las irregularidades alcanzan a decenas de contratos de suministro de productos farmacéuticos, por un importe total de 182,45 millones de euros; y otros 15,61 millones en adquisición de implantes . En ninguno de esos múltiples contratos se siguió procedimiento de contratación alguno y fueron adjudicados directamente.

La Cámara de Cuentas reconoce que el mercado de productos farmacéuticos «tiene peculiaridades» , entre otras cosas porque está muy restringido, a menudo hay firmas que ocupan posiciones de dominio del mercado en ciertos compuestos y, además, el «carácter exclusivo de algunos de estos productos» hace que no sea posible una concurrencia efectiva si se sacan a licitación. Pero, en cualquier caso, subraya que «todo ello no obsta para que el Servicio Aragonés de Salud cumpla con las exigencias y el resto de trámites que establece el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público» . Insiste en que se deben cumplir con los requisitos de una licitación reglada, en vez de saltárselos por completo y contratar a dedo. Dicho de otra forma: podría ser que, si se saca a licitación, el adjudicatario fuera el mismo, pero eso no justifica que se incurra en la flagrante ilegalidad de no respetar las obligaciones formales que se imponen a toda contratación pública.

Además, el órgano fiscalizador advierte que se han detectado irregularidades en la contratación de otros bienes y servicios, como material de laboratorio y sanitario, servicios de mantenimiento de equipos y pruebas diagnósticas, entre otros.

Asimismo, el informe critica el reiterado agujero presupuestario en el que incurren las cuentas de la Sanidad pública aragonesa , porque el presupuesto con el que se dota es tremendamente menor que el que se sabe que va a necesitar. En 2017, esa infradotación presupuestaria superó los 150 millones de euros : el Gobierno regional aprobó inicialmente para el Servicio Aragonés de Salud un presupuesto de 1.775 millones de euros, pero los gastos reales que registró ese año alcanzaron los 1.934,5 millones de euros. Pese a que a lo largo del ejercicio se fue parcheando la situación a base de modificaciones presupuestarias, aún así fueron insuficientes. Eso forzó al Servicio Aragonés de Salud a guardar en los cajones facturas pendientes de pago por valor de 37,5 millones de euros .

Estos déficits presupuestarios en la Sanidad pública aragonesa han sido reincidentes durante años y con gobiernos de distinto signo. Como apunta la Cámara de Cuentas, es una anomalía que perjudica la gestión económica de la Sanidad aragonesa y que le ocasiona sobrecostes multimillonarios. En 2017, por ejemplo, el Servicio Aragonés de Salud tuvo que desembolsar 15,6 millones de euros en concepto de intereses de demora , dinero con el que tuvo que resarcir a diversos proveedores por pagar sus facturas con excesivo retraso.