La instrucción del «caso Plaza» se salda con 26 imputados en Aragón

El juez imputa a un total de 26 personas por el «caso Plaza», la causa troncal de las varias que se han ido abriendo por irregularidades de gestión y enriquecimientos ilícitos al calor de esa sociedad pública, de la que el accionista mayoritario es el Gobierno aragonés y a la que se incorporaron como accionistas minoritarios el Ayuntamiento de Zaragoza y las cajas de ahorros aragonesas CAI e Ibercaja.

El sumario del «caso Plaza» consta de 34 tomos, que suman un total de 15.000 folios en los que se desgrana la extensa investigación judicial y policial desarrollada a raíz de una denuncia formalizada en agosto de 2013 por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

En su auto, el juez detalla las conclusiones de una investigación que ha ido desentrañando el «modus operandi» de esta trama de corrupción . Para desviar fondos públicos se pusieron en práctica dos vías fundamentales: inflar facturas por obras realizadas, lo que supuso pagar decenas de millones de euros por encima del valor real de los trabajos; y certificar como realizadas obras que nunca se hicieron realmente. Para ello, el juez concluye que hay indicios suficientes para determinar que se manipularon también contratos de adjudicación en beneficio de empresas que pasaron a formar parte de ese mecanismo de desvío de fondos públicos.

De los distintos informes periciales que integran el sumario se desprende que con esos mecanismos se habrían desviado desde Plaza S.A. del orden de 173 millones de euros : 136 millones inflando facturas por trabajos realizados y pagados muy por encima de su coste real; y otros 36,6 millones de euros falseando facturas, abonándose trabajos que nunca se realizaron.

El principal imputado es el exgerente de Plaza S.A., Ricardo García Becerril , al que se le acusa de haber cometido 12 delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal, cohecho, fraude, exacciones ilegales, falsedad documental, blanqueo de capitales, un delito contra la Hacienda Pública y otros tres delitos continuados de falsificación documental.

Junto a García Becerril están también imputadas su esposa, María Elena Planté, y sus dos hijas, Carolina y Patricia García Planté . A la esposa se le imputa un delito de blanqueo de capitales; y a Carolina y Patricia, los de blanqueo de capitales, falsificación documental y, en el grado de cooperadoras necesarias, también los delitos de cohecho, exacciones ilegales y alzamiento de bienes. En el caso de Carolina el juez añade a la lista una imputación más, por un delito contra la Seguridad Social.

Entre los encausados figura también un ex alto cargo del Gobierno aragonés, el socialista Carlos Esco . Fue nombrado consejero delegado de Plaza. Del más estrecho círculo de confianza del expresidente regional Marcelino Iglesias, Esco fue viceconsejero de Obras Públicas. El Ejecutivo le situó al frente del consejo de administración de esta empresa pública. El juez le imputa un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado o, subsidiariamente, un delito de administración desleal agravado. Esco es marido de la ex secretaria de Estado de Educación (en la etapa de Zapatero) Eva Almunia, que sustituyó a Marcelino Iglesias en las elecciones autonómicas de 2011 como candidata a la presidencia del Gobierno aragonés.

En la lista de imputados figuran también directivos y empresarios. Entre ellos, los que fueron primeros ejecutivos de Acciona en Aragón en aquellos años, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón . Acciona se unió en una UTE a la constructora aragonesa MLN (Mariano López Navarro). Esta UTE fue la principal beneficiaria de los grandes contratos de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza.

Otro de los imputados es el constructor y ex dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias . El juez lo considera responsable de los delitos de cohecho, exacciones ilegales y falsificación documental.

La urbanización de la gigantesca Plataforma Logística de Zaragoza se realizó en dos fases. Se pagó, entre las dos, un total de 347,38 millones de euros, cuando en realidad se habían adjudicado por 110,69 millones de euros. Por tanto, el desfase en las obras de urbanización de Plaza fue del 214% . De esos 236,89 millones de sobrecoste, los informes periciales apuntan a que, en realidad, únicamente estarían justificados unos 54 millones de euros. El resto, 172,6 millones de euros, habrían sido fondos desviados desde Plaza S.A. y que acabaron en los bolsillos de empresas y directivos que concurrieron en esta trama de corrupción.