Las 17.000 mascarillas retiradas en Aragón se estaban usando desde abril en varios hospitales

Aunque en un primer momento la Consejería de Sanidad dijo desconocer la cifra exacta de mascarillas que habían sido retiradas, finalmente se ha sabido que eran un total de 17.000 y que estaban siendo utilizadas desde hacía semanas. Ahora hay serias sospechas de que no protegían suficientemente frente a contactos estrechos con pacientes de coronavirus.

La Consejería de Sanidad dispuso la retirada inmediata de estas 17.000 mascarillas el pasado fin de semana, después de que Dinamarca notificara una alerta en la que indicaba que no estaba probado que esas mascarillas cumplieran con los requisitos de protección FFP2 con el que estaban siendo comercializadas.

Las mascarillas FFP2 pertenecen a uno de los grupos de máxima protección frente al coronavirus, lo que las hacen indicadas para sanitarios que están en contacto con pacientes de Covid-19. Si no garantizan la protección que indican las propias mascarillas, constituyen un riesgo latente de contagio.

Por eso, las autoridades han recomendado a los sanitarios que las han utilizado que se dirijan a los servicios de salud laboral de sus respectivos centros, para que les realicen un seguimiento. En caso sospechoso, se les someterá a pruebas de detección del coronavirus.

Este lote de mascarillas son del modelo Sinpul KN95 . Según denunció el PP, desde hace semanas estaban siendo empleadas, como mínimo, en los hospitales Miguel Servet de Zaragoza y San Jorge de Huesca, en el centro sanitario de Jaca, en el servicio de transporte sanitario urgente y en centros de salud del medio rural.

Esta incidencia se suma a la polémica desatada por unas delcaraciones de la consejera aragonesa de Sanidad, Pilar Ventura, que el viernes dijo que para los sanitarios había sido «un estímulo» tener que hacerse sus propias batas y mascarillas caseras durante las semanas que no se les aportaron esos medios básicos de protección. Esas declaraciones han sublevado a los sanitarios, que han decidido llevar a cabo concentraciones de protesta a diario -de forma indefinida- para exigir su dimisión o su destitución al frente de la Consejería.

En abril ya tuvieron que retirarse otras 15.000 mascarillas que habían sido distribuidas en centros sanitarios de Aragón, porque eran defectuosas. En aquella ocasión la partida no había sido adquirida por el Ejecutivo autonómico sino por el Gobierno central.