Anticorrupción pide que Esperanza Aguirre e Ignacio González testifiquen en el juicio por la presunta caja B del PP de Madrid

El escrito, adelantado por El País y al que tuvo acceso ABC, se refiere a la pieza separada número 9 de la macrocausa Púnica y se dirige contra siete personas entre las que destacan el que fue secretario general de los populares madrileños, además de consejero, Francisco Granados, al que la Fiscalía insta una condena de siete años y diez meses de prisión; y el otrora gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, que afronta otros tres años y medio, entre otros, por un delito electoral.

Esta pieza separada versa sobre la existencia de una presunta caja B en el PP de Madrid que se habría nutrido de fondos desviados de las arcas públicas mediante contratos por servicios inexistentes y se habría utilizado para financiar gastos de las campañas electorales autonómicas de 2011 y las generales de 2008.

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La Fiscalía les ha recogido en su lista de testigos para la vista oral, igual que a una veintena de personas entre las que figuran otros cargos como la exconsejera Lucía Figar, que también estuvo investigada en Púnica e igualmente, acabó exonerada; y Javier Fernández Lasquetty, que fue responsable de estrategia de una de las campañas investigadas y ha sido consejero en el último gobierno regional.

Mientras, en el banquillo se sentarán junto a Granados y Gutiérrez el empresario Alejandro De Pedro, la ex responsable de comunicación del gobierno regional Isabel Gallego, y los empresarios Francisco de Borja Sarasola, Diego Mora y José Martínez Nicolás.

Según detalla la acusación pública, «la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente» a Granados y que él «registraba de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para sí o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar al gerente», que se encargaba de «hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas.

«Para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas», sostiene Anticorrupción, que enlista a lo largo de un centenar de páginas los contratos sospechosos de ficticios para camuflar el movimiento.