Anticorrupción atribuye a Ábalos un «papel principal en el entramado» del caso Koldo

El escrito, notificado este jueves y pendiente de que lo resuelva el juez instructor, Ismael Moreno, resume toda la lista de hechos que la UCO de la Guardia Civil puso de manifiesto en su informe sobre la implicación de Ábalos aportado a la Audiencia Nacional la semana pasada, desde la casa de medio millón de euros que le compró la trama y pudo disfrutar durante varios meses hasta el alquiler que Aldama pagaba a Jessica, una mujer con la que tuvo durante tres años una relación «particular».

«Resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García y Víctor de Aldama sin la participación de José Luis Ábalos», dice el informe, que pone el acento en que el inicio de la relación se produce dos meses después de llegar el ministro al cargo, precisamente, porque el jefe de su escolta era el hermano del comisionista. Participaron además los tres desde 2018 y a lo largo de los tres años siguientes en varias reuniones juntas. Aldama, de hecho, le llamaba «jefe».

«Esta relación de Víctor de Aldama ante el Ministerio de Transportes se inicia con anterioridad a los contratos investigados y se extiende hasta su salida de la Administración Pública», recoge Anticorrupción, que detalla entre otras evidencias el viaje que Ábalos realizó en 2018 a Oaxaca con Koldo García en el que estuvo involucrado Aldama, o las gestiones que hizo el comisionista con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez «hasta el punto de organizarle un viaje a España el 20 de enero de 2020».

«Aldama habría revestido la llegada de ésta a España como un viaje de interés para este Ministerio, si bien Aldama guardaría intereses particulares en dicha visita», recoge Anticorrupción, parafraseando las conclusiones de la UCO de Guardia Civil. Recuerda la carta de invitación de Ábalos a Delcy Rodríguez hallada en el ordenador de Aldama y que él mismo habría fabricado o el hecho de que el entonces ministro informó «al Presidente del Gobierno de la realización de la visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela».

Pero también refiere las autorizaciones de entrada y circulación por territorio nacional en plenas restricciones de la pandemia para contactos de Aldama, principalmente venezolanos, que expedía la secretaria particular de Ábalos. Constan salvoconductos de este tipo para dos de los empresarios de Soluciones de Gestión investigados en la causa. Todo, a cambio de precio, pues como recuerda la Fiscalía, «en el informe policial se indica que los servicios prestados por Ábalos a Víctor de Aldama fueron retribuidos por éste«.

Le atribuye por ello indiciariamente un delito de cohecho, «en tanto que en pago de su mediación en la adjudicación de los citados contratos de suministro le proporcionó el uso y disfrute del inmueble» mencionado en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz) así como del apartamento en el que vivía ella en la Plaza de España de Madrid.

En cuanto a los indicios de un delito de tráfico de influencias, Anticorrupción lo incardina «en tanto que consta acreditada su intervención para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, SL, así como para la contratación por parte de dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) de Jessica».

Detalla en este sentido, tanto la declaración en el juzgado del que era número 3 del ministerio, José Manuel Gómez García, como la auditoría interna que encargó el actual titular de la cartera, Óscar Puente, sobre aquel material sanitario y que coinciden en apuntar que la decisión de escoger a Soluciones y no a otra empresa nació del «más alto nivel» de Transportes.

«Dada la condición de Diputado en el Congreso de José Luis Ábalos Meco, este Juzgado no puede realizar actuación procesal alguna respecto del mismo, salvo la elevación de exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que sería el órgano competente», dice el fiscal Luis Pastor, que «interesa del juzgado que sea elevada exposición razonada» y se le remita testimonio del informe de la UCO que recopila todos los indicios.