Anticorrupción pide imputar a Ábalos por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el caso Koldo

En concreto, el fiscal del caso, Luis Pastor, ha instado al instructor a solicitar la imputación de Ábalos por delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal en el contexto de la trama que investiga la compra de hasta 53 millones de euros en mascarillas a la empresa instrumental Soluciones de Gestión.

Este movimiento se produce después de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que arrojó más luz sobre el papel de cada uno de los investigados en aquellas adjudicaciones por parte de Puertos del Estado, Adif y también el Ministerio del Interior y los gobiernos de Canarias y Baleares, con dos personas en el centro: el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, y el comisionista Víctor De Aldama.

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El informe se centraba por primera vez en el rol de Ábalos en la designación de aquella empresa y no otra para acometer la primera gran compra de material sanitario que efectuaba el Gobierno en pleno inicio de la pandemia y llegaba a la conclusión que tuvo un papel y fue «relevante y de responsabilidad en su relación directa» tanto con Koldo García como con Aldama »y la organización criminal dinamizada por este último».

Refería que podría haber recibido en forma de soborno de Aldama un chalet en Cádiz de medio millón de euros para cuyo sostenimiento se le habría acabado exigiendo el pago cuando se frustraron las expectativas de conseguir lo que pretendían, y el sostenimiento de una mujer con la que mantenía una relación particular, hasta 88.000 euros de un piso en un exclusivo edificio en la Plaza de España, en Madrid. Fueron, en palabras de Koldo García, «tres años de casa gratis» para ella.

Anticorrupción coincide con la Guardia Civil en que concurren indicios de delito suficientes como para dar el paso que la unidad investigadora pedía. Por el camino, Ábalos había pedido primero, entrar en la causa como perjudicado, cosa que fue rechazada por el juez y luego, declarar como testigo. Tendrá que ser con asistencia letrada y ante el Tribunal Supremo.