Viera alega que no intervino en el ERE de Egmasa y apunta a Guerrero

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, al inicio de una comparecencia que se ha prolongado por espacio de 25 minutos, la magistrada ha comunicado al exconsejero que está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Así, se trata de la primera vez que José Antonio Viera comparece en este Juzgado tras cinco años de investigación, pues únicamente ha declarado en el Tribunal Supremo dada la condición de aforado que poseía hasta que renunció a su acta de diputado en el Congreso.

Las mismas fuentes consultadas han precisado que José Antonio Viera ha subrayado que no participó ni en la ayuda ni en el ERE de Egmasa, ya que «no conocía» la existencia de la misma, y ha indicado que la tramitación de las ayudas era competencia directa del director general de Trabajo -que en su época fue Francisco Javier Guerrero -, que en ocasiones le daba cuenta de algunas ayudas dada su importancia, como en el caso de la Faja Pirítica de Huelva o Santana Motor .

Asimismo, el exconsejero ha puesto de manifiesto que ha sido ahora cuando se ha enterado de la cantidad de la ayuda a Egmasa y ha añadido que desconocía que hubiera problemas en esta empresa pública.

De igual modo, ha explicado que, como presidente del antiguo IFA (actualmente agencia IDEA) , no se acuerda de que se diera cuenta de esta ayuda a Egmasa en el Consejo Rector.

La juez María Núñez también ha citado a declarar este miércoles en calidad de investigados a los exdirectivos de Egmasa María del Mar Espejo, Antonio del Valle y Javier Serrano Aguilar , al exviceconsejero de Medio Ambiente Juan Jesús Jiménez Martín, que dimitió como viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales tras conocer su citación como investigado, y al liberado sindical Antonio Márquez.

Asimismo, este jueves declararán como investigados el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera , y los extrabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.

El pasado 2 de febrero, ya comparecieron ante la juez el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien también negó haber tenido conocimiento o participación en la ayuda de 21,6 millones concedida por la Junta a la ya extinta Egmasa para el referido ERE de 2003, la exasesora de Empleo María José Rofa y el ex director general de Finanzas del IFA Juan Vela.

La juez relata en un auto que Egmasa presentó el 30 de junio de 2003 una solicitud de ERE para la extinción de 373 trabajadores por causas productivas y organizativas, basadas en la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan Infoca.

A este respecto, la instructora destaca que «todos los trabajadores incluidos en este ERE habían trabajado en ayuntamientos y diputaciones en el marco del Plan de Empleo Rural, y tras cesar en sus puestos de trabajo pasaban a recibir prestaciones por desempleo o subsidios para mayores de 52 años , siendo entonces recolocados en Egmasa, en donde a la fecha del ERE llevaban trabajando una media de tiempo no superior a cuatro años».

La magistrada añade que, «sin solución de continuidad», Guerrero autorizó el ERE el 15 de septiembre de 2003, aprobando la extinción de las relaciones laborales de un total de 373 trabajadores, tras lo que, ya el 23 de octubre de ese mismo año, se firmó entre Guerrero y la empresa Egmasa, por medio de Javier Serrano Aguilar, un protocolo de colaboración por el que la Junta se comprometía al pago de las primas por una cantidad de 11.184.252 euros, mientras que Egmasa se comprometía a la aportación de 2.404.048 euros.

En fecha 4 de febrero de 2004, Guerrero suscribió con el entonces director general del antiguo IFA, Francisco Mencía, un convenio en el que, «con la finalidad de posibilitar la continuidad de Egmasa», encomendaba al IFA «la materialización singular de las ayudas sociales concedidas», comprometiéndose la Junta a transferir al IFA las cantidades desembolsadas como consecuencia de la encomienda recibida, con cargo a la partida presupuestaria 31L .

La juez asevera que la ayuda «se da con el conocimiento y consentimiento» tanto del entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, como del viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, quienes además en esta fecha eran, respectivamente, presidente y vicepresidente del IFA.

En este sentido, la magistrada precisa que, como consecuencia de todo lo anterior, se suscribió una póliza de rentas el 28 de noviembre de 2003 con Banco Vitalicio , siendo el tomador Egmasa y los beneficiarios los trabajadores afectados por el ERE, con una prima a pagar de 17,1 millones de euros y que fue «íntegramente satisfecha» por la Junta, salvo 2,4 millones realizado por Egmasa.

A esta póliza se le añadió un suplemento en agosto de 2004 «que tuvo como fin dar de alta a un nuevo trabajador, con un coste de prima de 9.179,71 euros», y un segundo suplemento en octubre de ese mismo año, mediante el cual «se modifican las prestaciones de 349 asegurados, introduciendo una renta vitalicia en concepto de complemento» y que «supuso una nueva prima, que fue pagada en su totalidad por la Junta y ascendió a 7,5 millones de euros».

«Este cambio de las condiciones, mediante la introducción de una renta vitalicia, no estaba contemplado en la negociación del ERE entre empresa y sindicatos, y no tiene justificación alguna, pues las prestaciones pactadas finalizarían en todo caso cuando el trabajador prejubilado alcanzase la edad de 65 años , momento en el cual pasaría a cobrar la pensión ordinaria de jubilación» de la Seguridad Social, sostiene la magistrada.

La póliza, además, tuvo otros dos suplementos, el último en noviembre de 2006, que tenía «como exclusivo fin dar de alta como asegurado en la póliza a Antonio Márquez García , cuya prima asciende a 125.633,41 euros, y que fue pagada por la Junta», punto en el que la juez señala que este trabajador «no figuraba en la lista de afectados por el ERE del año 2003».

De este modo, «se trata de un liberado sindical» al que la empresa «no quiere readmitir» cuando cesa en el cargo en el sindicato en 2004, por lo que después de dos años, los directivos de la empresa María del Mar Espejo Tudela y Antonio del Valle Jiménez , junto con el «líder sindical» Antonio Perianes, «deciden buscarle una salida».

Así, y según expone la magistrada, «simulan un despido improcedente y pactan» en el Cmac una indemnización por despido de más de 120.000 euros «que se articuló mediante la indebida inclusión del trabajador como asegurado en la póliza colectiva suscrita ya reseñada, indemnización que superaba en mucho la correspondiente a un despido y que fue pagada no por la empresa sino por la Junta».

La juez concluye que el importe total de la subvención concedida a Egmasa por la Junta para el pago de la indemnización por despido colectivo de sus trabajadores afectados por el ERE asciende «al menos» a 21.673.680,62 euros.

A ello habría que añadir la cantidad de 300.000 euros «mediante los denominados pagos cruzados ordenados» por Guerrero, dice la juez, que considera que fueron Guerrero y sus dos sucesores, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, quienes dieron las órdenes de pago a IDEA.