La veterinaria municipal supo de la listeriosis «por la prensa» y señala a la Junta de Andalucía

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha recibido este viernes en calidad de investigada a la veterinaria, inspectora del Servicio de Consumo de la Dirección General de Economía y Comercio del Consistorio hispalense, que autorizó el plan de autocontrol de Magrudis .

La veterinaria ha comparecido durante algo menos de una hora después de que la magistrada dictase el 27 de enero una providencia en la que estimaba la solicitud del equipo jurídico de la asociación de consumidores Facua, que le pidió que se la investigase por un posible delito de prevaricación .

La organización de consumidores, que está personada como acusación particular y que ha anunciado que no descarta solicitar más imputaciones dentro del Ayuntamiento, basó su solicitud en las «graves deficiencias» que advirtió en las inspecciones efectuadas el 24 de noviembre de 2016 y el 18 de julio de 2017.

Según han informado fuentes del caso a Efe, la veterinaria se ha acogido a su derecho a no declarar frente a las distintas acusaciones, pero a la instructora sí le ha explicado que ella actuaba cuando la Junta se lo indicaba y que eso ocurría una vez al año.

También ha lamentado que la plantilla de inspectores estaba mermada en la época del brote porque había cuatro compañeros de baja, pero «eso no la exime de su responsabilidad» , ha replicado por su parte el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

Sánchez ha explicado a los periodistas que se ha encontrado con «la gran sorpresa» de que la investigada ha asegurado que el 14 de agosto, «cuando ya se sabía que podía haber un brote de listeriosis», pensó que «podría ser salmonela», por lo que «ordenó la limpieza de la fábrica», de modo que «se facilitó la destrucción de pruebas».

Para el responsable de Facua, el hecho de que la empleada municipal acuse a la Junta implica una «estrategia de echar balones fuera» que «no sirve».

«La Junta pudo cometer otras irregularidades, por ejemplo en la información que ofreció a los consumidores, pero la inspección de Magrudis es competencia del Ayuntamiento», ha afirmado.

Por esta causa continúan en prisión desde septiembre el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce , y su hijo Sandro, a los que la jueza atribuye un presunto delito contra la salud pública, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de aborto y otro de lesiones imprudentes a un número de personas «que pudiera ascender a doscientas».