Todas las casualidades coinciden en el juez ex alto cargo de la Junta de Andalucía

El PP y Manos Limpias han recusado al también presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para apartarlo del juicio más decisivo de la macrocausa de los ERE. Por los mismos motivos expresados en el citado incidente, que está ahora instruyéndose, los populares han presentado una segunda recusación para que se abstenga de intervenir en la rama política de la investigación del fraude de los cursos.

En un escrito de 21 páginas, los letrados de esta acusación popular, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, alegan «la pérdida de apariencia de imparcialidad» del encargado de impartir justicia y «la relación de subordinación y dependencia del magistrado con una de las partes del proceso, la Junta de Andalucía». En concreto, argumentan que el expresidente de la Junta Manuel Chaves nombró al juez como secretario general para la Justicia en 2008, mientras que su sucesor al frente del Gobierno socialista, José Antonio Griñán, lo mantuvo en el cargo. Pedro Izquierdo no abandonó la Junta hasta julio de 2014, cuando presentó su renuncia, con Susana Díaz de presidenta.

El PP ha quemado todas las naves que le permitía la vía judicial para evitar el sobreseimiento de la pieza que afectaba a 24 ex altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo, acusados de malversación de fondos públicos y prevaricación por el descontrol de las ayudas para los cursos. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, dio carpetazo a esta pieza desgajada del caso Formación con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que incluso acusó al PP de «enmarañar» la causa con la solicitud de las copias de las grabaciones de los testigos.

Pero las críticas no han frenado al PP. Todo lo contrario. Interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia, que deberá resolver un tribunal que tiene como ponente a Izquierdo. El magistrado ha decidido con anterioridad sobre otros recursos presentados tanto en las diligencias previas 966/2014 (el caso Formación) como en la investigación de los avales irregulares concedidos a empresas por parte de la Agencia IDEA, otra instrucción que afecta de lleno a la Junta.

En una diligencia de ordenación del 28 de abril pasado, el letrado de la Administración de Justicia hace constar que la elección de Izquierdo para resolver este recurso crucial del caso Formación se ha realizado atendiendo al turno de reparto de los asuntos establecido por la Audiencia.

En los últimos meses las casualidades se han sucedido en torno a Pedro Izquierdo. La bolita de la suerte (en un sorteo celebrado ante las cámaras) hizo que el macrojuicio más mediático del caso ERE, que sentará en el banquillo a dos expresidentes andaluces, recayera en la sección que él dirige.

Otro sorteo interno celebrado el 24 de febrero en esta sala (éste sin periodistas como testigos) determinó que el ponente del tribunal que juzgará a Manuel Chaves y José Antonio Griñán fuera el presidente de esta sección, el magistrado Pedro Izquierdo, quien antes de retomar su carrera judicial había sido alto cargo. Los letrados del PP han alegado «su relación» con 17 acusados del caso ERE, entre otras razones, para apartarlo del juicio.

El azar, por tercera vez, ha colocado a Izquierdo, muy a su pesar —como dejó caer en su informe sobre la citada recusación— bajo los focos de una nueva tormenta judicial. Izquierdo, secretario general para la Justicia entre 2008 y 2014 —bajo los gobiernos de Chaves y Griñán—, será el ponente del tribunal que debe rechazar o aceptar los argumentos expuestos por el PP andaluz , acusación popular en el proceso, contra el archivo de la pieza que más inquieta al Gobierno andaluz.

En octubre pasado, la juez sobreseyó la pieza política de los cursos esgrimiendo que no hubo malversación, ni prevaricación, ni menoscabo de fondos públicos, ni una trama urdida desde la Administración para favorecer una red clientelar. El PP sostiene justo lo contrario: que la Junta de Andalucía creó una red de «clientelismo político» que repartió 101,1 millones de euros en ayudas a la formación entre entidades «relacionadas con el PSOE».

Los populares defienden que el juez no debe juzgar estas cuestiones ni tomar decisiones sobre asuntos de gobiernos de los que ha formado parte. Toni Martín aseguró ayer en rueda de prensa que «podría parecer» que el PSOE y la presidenta andaluza, Susana Díaz, están intentando que en la comunidad «todos los juicios que tienen que ver con corrupción, con el PSOE y con la Junta, pasen por la decisión de un único juez». Recordó que ya ha tomado «decisiones importantes» en siete asuntos, a los que se suman el caso de los cursos y el de los avales, por el que posiblemente también le van a recusar. «Cuánta casualidad, nueve causas en total», exclamó Martín.