El sumario del caso ERE, sin entregar a las partes a menos de un mes del juicio a Chaves y Griñán

En una providencia fechada el día 14 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala acuerda librar oficio a la Delegación Provincial del ramo de la Junta para que, «a la mayor brevedad posible» , provea a la Sección de una «torre duplicadora» a los efectos de «hacer entrega a las partes de copias de los CD que integran el rollo de esta Sección».

Por medio de una providencia dictada el día anterior, y consultada por Europa Press, la Sala alude a un escrito presentado por la acusación que ejerce el PP-A de fecha 8 de noviembre donde solicitaba que se le hiciera entrega de las actuaciones remitidas por el Juzgado que dirige María Núñez Bolaños.

En este sentido, la Sección Primera comunicaba al PP-A que «se hará entrega de lo solicitado a todas las partes tan pronto como el servicio de informática lo tenga preparado».

El juicio por la pieza 'política' de los ERE comenzará el día 13 de diciembre con las cuestiones previas, que se prolongarán también los días 14 y 15 de ese mismo mes en horario de mañana, tras lo que el juicio se reanudará ya el día 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados.

A partir del día 9 de enero de 2018, el juicio tendrá sesiones los lunes y martes en horario de mañana , a partir de las 10,00 horas, y los miércoles en horario de mañana y tarde, aunque se podría habilitar alguna sesión semanal más en caso de que fuera necesario.

Entre los 22 ex altos cargos acusados, y además de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, hay seis exconsejeros, como son José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández , Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez, dos exviceconsejeros o dos exdirectores generales de Trabajo.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay «trama criminal» ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.