La Sección Cuarta de Audiencia Sevilla juzgará al sobrino de Felipe González en el caso Invercaria

En una providencia del pasado 25 de junio, el juez de Instrucción número 16 acuerda remitir a la Audiencia esta pieza separada en la que están acusados el expresidente y ex consejero delegado Tomás Pérez-Sauquillo , el exdirector de Promoción Juan María González, sobrino del expresidente del Gobierno, el exdirectivo Cristóbal Cantos y el ex director financiero Antonio Nieto , para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide entre 6 y 3 años y medio de cárcel.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se trata de la decimotercera pieza de esta macrocausa elevada a la Audiencia para su enjuiciamiento.

Las otras son las correspondientes a las ayudas a Fumapa, Juana Martín, Lolita Canalla, Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), , cuyo juicio será el primero en celebrarse, a partir del próximo 16 de septiembre en la Sección Primera.

El juez Juan Gutiérrez dictó el pasado 25 de abril el auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de Invercaria por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que los otros tres acusados lo son por un presunto delito de malversación.

La Fiscalía reclama 6 años de cárcel para Pérez-Sauquillo por un delito continuado de malversación y 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones de administración y gestión de entidades participadas directa o indirectamente por alguna Administración pública por prevaricación.

El Ministerio Público también reclama 6 años de prisión para Nieto por malversación y 3 años y medio para los dos exdirectores de Promoción por el mismo delito.

Respecto a la responsabilidad civil, solicita que el expresidente de Invercaria indemnice a Venture Invercaria con 90.224,16 euros; que Nieto lo haga con 232.446,32 euros; y que Cantos y González paguen 12.960 y 29.928,26 euros, respectivamente.

El juez acordó el pasado 29 de marzo seguir las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra los cuatro investigados al considerar que había «indicios racionales» de la comisión de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos.

Según el instructor, «existen disposiciones de fondos públicos a los que tenían acceso» en su relación laboral con Invercaria, por lo que se aprovecharon de sus cargos «para así realizar actos indebidos ilícitos y antijurídicos en detrimento del patrimonio público y en orden a obtener un lucro ilícito e indebido».

El magistrado también explica que Pérez-Sauquillo « decidía qué personas eran contratadas para trabajar en Invercaria , así como los sueldos que le correspondían», pero «sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido y por su propia voluntad», y de 2007 a 2009 se subió el sueldo «con el único propósito de enriquecerse a costa de los fondos» de la entidad y «sin que existiera causa justificada».