Rocío Blanco: «El Gobierno ha creado un caos, desechó vías muy ágiles para pagar rápido el paro»

El Gobierno de España ha potenciado los ERTE para ayudar a las empresas afectadas por la crisis. ¿Ha sido la medida más adecuada?

Está aplicando soluciones ordinarias a problemas extraordinarios, colaborando así a crear un caos burocrático que empeora la situación. Las empresas que han parado de manera obligatoria podrían haber recibido automáticamente la prestación de sus trabajadores por parte de la Seguridad Social solicitándolo con su Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y realizando una declaración responsable. Era sencillo y así se lo propuse a la ministra de Trabajo por escrito, pero desechó la propuesta. Ahora hay cientos de miles de empresas y trabajadores pasando un auténtico infierno de trámites y papeleo que ha colapsado a la Administración. Si se nos hubiera hecho caso, los funcionarios podrían estar ahora dedicados de manera muy intensiva a atender al resto de empresas afectadas y al control del buen funcionamiento del sistema. Los principales perjudicados serán los trabajadores a los que dicen proteger.

¿La Junta de Andalucía gestionará a tiempo todos los ERTE para que los empleados puedan cobrar puntualmente la prestación?

Las competencias para el reconocimiento de las prestaciones para el desempleo, así como el pago de las mismas, corresponden única y exclusivamente al Ministerio de Empleo. Las empresas deben dirigirse al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y nosotros actuamos como autoridad laboral para constatar, por ejemplo, que los ERTE presentados son por fuerza mayor. Los empleados públicos de Andalucía están haciendo una labor digna de encomio en la tramitación de estos expedientes para que el SEPE tenga ya más de 180.000 trabajadores en sus listas. Deseo que todos puedan cobrar puntualmente, pero si no es así será responsabilidad directa del Ministerio. Nuestras propuestas, que son desoídas, están encaminadas a evitar esa situación tan triste e indeseable. Para agilizar los pagos hemos propuesto, por ejemplo, que se emitan nóminas semanales, en vez de mensuales, para que cobren cuánto antes el mayor número de afectados.

¿Está detectando picaresca o fraude en los ERTE?

Hemos visto casos de administradores sociales de la empresa que se incluyen a ellos mismos en el ERTE, o empresas que incluyen indebidamente a una parte de su plantilla no dedicada a las actividades que se han parado de manera obligatoria... Pero es un porcentaje pequeño, que no llega al 3%.

Usted denunció que el Gobierno se ha quedado con el presupuesto de la Junta de las políticas activas de empleo. ¿No cree que la urgencia del momento justifica esta medida?

Se ha creado un falso dilema asegurando que o se pagan las prestaciones del paro o se financia la formación y la política activa de empleo. Esa disyuntiva no existe, se pueden atender las prestaciones sociales y no renunciar a la formación profesional, que ahora será más necesaria que antes. A Andalucía le han quitado de su presupuesto más de 200 millones de euros que se iban a dedicar no solo a la formación, sino a apoyar a los autónomos. Ese dinero proviene de la cuota que pagan los propios trabajadores, y es finalista y anualizable; es decir, ni se puede ni se debe destinar a otros cometidos. Se atenta, además, contra el principio de suficiencia financiera de las autonomías, y todo ellos sin negociar nada ni consultar previamente. Les han quitado a las comunidades sus competencias en la lucha contra el paro, lo cual ha generado la oposición de todo el sistema autonómico. Nos privan de recursos para apoyar a los autónomos justo en el momento en el que más lo necesitan.

¿Está en riesgo el plan andaluz de apoyo a los autónomos sin ese presupuesto?

Con los autónomos al Gobierno de España le ha ocurrido como con los ERTE, no han buscado mecanismos extraordinarios y ágiles para una situación inédita, y han creado un sistema que enfrenta también a los autónomos con la burocracia. Le pedimos a José Luis Escrivá (ministro de Seguridad Social) que bonificara la cuota para los próximos dos meses, lo cual técnicamente es muy sencillo, tan solo es cuestión de voluntad política. ¿Por qué no lo han hecho desde el primer momento? La cuota de marzo la han cobrado y era muy fácil haber hecho ya esa exención en un momento muy delicado para ellos. Frente a ello, su primera medida ha sido proponer una prestación para autónomos que cesan su actividad, cuya gestión es muy compleja. Si lo presenta en marzo, debe documentar una pérdida de su facturación del 75%, lo cual es complejo porque el impacto no se produce tan rápido. Muchos están con el agua al cuello y no se pueden dedicar ahora a un largo papeleo. En la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar ayudar a los autónomos con la cuota. Ees la forma más directa y eficaz, aunque tras la maniobra del Ministerio de Trabajo al retirarnos nuestro presupuesto, no podrá ser para todos ni para todo el tiempo que deseamos.

La Comunidad de Madrid va a bonificar la cuota de los autónomos. ¿La medida de la Junta tendrá esa orientación?

Nosotros teníamos un proyecto en esa línea. Nos hemos reunido en estas semanas con todas las asociaciones, les pedimos que nos trasladaran sus peticiones, porque es fundamental escucharlos antes de decidir;para todos los autónomos lo más urgente es bonificar las cotizaciones de la Seguridad Social para los próximos dos meses. Por eso nosotros le pedimos al ministro Escrivá que adoptara esa medida de manera prioritaria, que además es sencilla de ejecutar. No ha sido posible y tenemos que estudiar alternativas.

La pasada semana licitó 40 millones de euros para cursos de formación. ¿Va a seguir adelante esa convocatoria?

Vamos a continuar, aunque haya que hacer un esfuerzo adicional en otras partidas, porque ahora son más necesarias que nunca las políticas activas de empleo. En reuniones en todas las provincias hemos identificado sectores que pueden generar más actividad si encontraran el capital humano cualificado para determinadas tareas; ha ocurrido en la construcción en los últimos años, ya que tras la crisis se perdieron oficios que ahora ha sido complicado cubrir. También hay formación en nuevas tecnologías digitales, que son esenciales en el mundo actual.

Además de esta licitación de 40 millones, quería hacer otra igual antes de fin de año. ¿Continúa también?

Licitar este segundo lote seguirá siendo un objetivo prioritario. En Andalucía la formación ha estado muerta desde 2011, se han devuelto 1.318 millones de euros por incapacidad para ejecutarlos. Cuando llegamos al Gobierno iniciamos una depuración del colapso heredado, como 2.000 expedientes de cursos pendientes de reintegro o 30.000 becas sin resolver. En paralelo, diseñamos un nuevo modelo de formación más transparente, a través de licitaciones públicas, y alineando sus objetivos con las necesidades detectadas en cada sector y cada provincia. La medida del Ministerio de Trabajo ha sido un jarro de agua fría porque activar de nuevo toda esta maquinaria, con un sistema que propicia la concurrencia competitiva entre las empresas del sector, ha sido una labor titánica. Pese a todo, para el Gobierno de la Junta ahora es más prioritario que antes, aunque las dificultades presupuestarias sean mayores.

¿Están preparando ya las medidas económicas para el día después del estado de alarma?

Tenemos un grupo de trabajo con Economía y Conocimiento y con Hacienda, Industria y Energía. Se está perfilando el panorama presupuestario para este año, ya que la crisis sanitaria va a dejar un gasto estructural en sanidad muy relevante. Toda la demanda no atendida ahora habrá que resolverla en el futuro inmediato. Andalucía cerró 2019 cumpliendo holgadamente el déficit, ha demostrado responsabilidad con las reglas fiscales, y ahora pedirá al Ministerio de Hacienda que permita reestructurar nuestra deuda para hacer un plan de empleo potente dotado con 2.500 millones de euros. La Unión Europea le va a dar esas facilidades al Estado, y ellos deben ser también consecuentes con las necesidades de las comunidades, y especialmente con las que hemos cumplido. Haremos un paquete de medidas en la que cada euro tendrá una repercusión directa en el empleo.