El PSOE intentó archivar 8 millones en ayudas y gastos sin justificar de la fundación Faffe tras perder la Junta

Entre los días 11 y 28 de enero de 2019, poco antes de sus ceses, el anterior director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García Martín; la directora general de Evaluación, Control y Calidad, Estefanía Martín Palop, y la secretaria general de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Concepción Martín Brenes, solicitaron informes a los Gabinetes Jurídicos de la Junta y de la Consejería de Empleo para consultar a los letrados autonómicos cómo podían «finalizar» hasta nueve expedientes.

Dichos informes, a los que ha tenido acceso ABC, afectan a seis subvenciones que ascienden a 6,68 millones de euros relacionadas con la organización de cursos de formación y tres encomiendas de gestión o trabajos encargados a la fundación disuelta en mayo de 2011 y financiados por distintas consejerías por un montante de otros 1,47 millones. En total, 8,16 millones de euros gastados y sin justificar desde hace diez años.

La extinta fundación está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. En sus ocho años de vida, entre 2003 y 2011, la Faffe dejó un reguero de irregularidades: desvío de subvenciones para cursos de formación de parados en la comunidad con más desempleados de España, casos de nepotismo de conocidos, familiares y excargos socialistas, amaño de contratos y pagos en prostíbulos con tarjetas oficiales.

La Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía obliga a los responsables públicos a tramitar expedientes de reintegro de los fondos si se comprueba que el dinero entregado no se empleó en aquello para lo que fue concedido. De lo contrario, la Administración debe abrir una investigación interna, unas diligencias previas, por supuesta responsabilidad contable o penal a todos los altos cargos o funcionarios que tuvieron competencias para tramitar los reintegros y no lo hicieron. Los responsables deben responder por un menoscabo de fondos públicos, según la citada norma.

No es un asunto para tomarse a broma. Conscientes de lo que se les podía venir encima, días antes de ser relevados tras la llegada del PP y Ciudadanos a la Junta , los tres citados responsables autonómicos intentaron dar carpetazo a expedientes de reintegro de la Faffe por un montante de 8,16 millones de euros que llevaban años atascados y sin resolver.

El SAE había iniciado procedimientos de reintegro desde 2014, pero un lustro después seguían pendientes de una resolución final. Casualmente, los expedientes salían del limbo administrativo en el que estaban sumidos coincidiendo con el cambio de gobierno.

En los informes consultivos que los altos cargos de Empleo salientes enviaron al Gabinete Jurídico formularon preguntas genéricas acerca de la «forma de proceder» en los citados expedientes, quién era el órgano competente para tramitarlos y si la obligación de reintegrar los fondos públicos no quedaba extinguida toda vez que el SAE absorbió a la Faffe en 2011 y con ello asumió las relaciones jurídicas, bienes, derechos y deudas de la fundación.

Al amparo de la ley de reordenación del sector público que llevó a cabo el Gobierno de José Antonio Griñán en 2011, bautizada por los sindicatos como «ley del enchufismo», la agencia de la Consejería de Empleo, el SAE, pasó de reclamar las ayudas millonarias sin justificar a la extinta fundación a convertirse en deudora de las mismas ayudas. Se produce la paradoja de que el acreedor y el deudor son idéntica persona jurídica . En estos casos se produce lo que se llama «confusión de derechos y obligaciones».

En ninguno de los expedientes aludidos, a juicio de los letrados, queda extinguido el derecho a justificar las ayudas recibidas, máxime cuando tres de las subvenciones están financiadas con fondos europeos. Y hay que rendir cuentas a Bruselas .

Cuando el Gabinete Jurídico contestó a las dudas de los altos cargos de Empleo, éstos ya habían sido relevados. De la solicitud de los citados informes, no habían contado nada a los nuevos responsables de la Consejería de Empleo, que se enteraron de su existencia cuando los juristas fueron enviando sus respuestas por escrito entre el 22 de enero y el 1 de julio de 2019.

Algunos de los informes pedidos fueron devueltos sin contestar por la inconsistencia de los mismos. Más que una consulta, parecía un movimiento calculado para diluir su responsabilidad y aparentar que se estaba haciendo algo tras años de inacción .

«Ni se explica, ni alcanzamos a entender qué tramitación se pretende desplegar con respecto a una actuación administrativa realizada hace casi diez años con una entidad que se extinguió hace ocho. Esa absoluta inconcreción determina que tampoco se entienda –ni se aclare– qué concreta “competencia” se pretende llevar a cabo diez años después en relación con la misma», responde con retranca el letrado Alejandro Torres Ridruejo a la secretaria general del SAE en un informe del 22 de enero pasado en poder de ABC.

En alusión a la subvención más cuantiosa, de 6,1 millones de euros, concedida a la Faffe para «la puesta en marcha de acciones de mejora de la empleabilidad y la inserción laboral», el asesor jurídico de la Junta Antonio José Cornejo avisa a la exdirectora general de Evaluación de que la confusión de derechos «no implica un menor control de los fondos públicos» y recuerda que «la Administración tenía y tiene la obligación de velar por el adecuado destino de los mismos».

En el caso de las encomiendas de gestión, no hay confusión que valga. «Tampoco se extingue la labor de control y comprobación que tenía encomendada» el SAE, señala la letrad a María del Carmen Carretero, que pide a los responsables de Empleo que hagan sus deberes y verifiquen si el dinero se aplicó correctamente. En su informe del 1 de julio pasado, esta funcionaria propone a la Junta abrir diligencias previas para determinar la posible exigencia de responsabilidades administrativas y contables por parte de aquellos que no garantizaron la «necesaria defensa de los fondos públicos».

Ocho años y medio después de su disolución, las irregularidades de la extinta entidad pública siguen pesando como una losa de plomo en las cuentas del Servicio Andaluz de Empleo. La agencia adscrita a la Consejería de Empleo, que absorbió a la entidad pública y subrogó a su personal el 3 de mayo de 2011, acumula un agujero de 53,58 millones de euros correspondientes a fondos públicos gastados por la Faffe, pero que no están justificados.

Son pagos (libramientos) realizados hace ocho o incluso doce años, mucho más cuantiosos aunque menos deslumbrantes que los destellos de neón rojo de los locales para adultos que frecuentaba el exdirector general de la fundación, Fernando Villén, en los que abonó hasta 32.000 euros con tarjetas para gastos de representación.