El PSOE avanza sus condiciones para reformar el Estatuto y empieza por la RTVA

El Gobierno andaluz ha planteado una proposición de ley en la Cámara andaluza para modificar cuatro artículos del Estatuto de Autonomía y eliminar los aforamientos de los diputados andaluces, el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta.

La secretaria general del PSOE andaluz reclamó, sobre todo, consenso. Y no sólo político sino también social y ciudadano, pidiendo la participación en la reforma que plantea el Gobierno de asociaciones, entidades e instituciones de toda la comunidad, siguiendo el mismo modelo que el Gobierno andaluz de Manuel Chaves utilizó en el año 2007 cuando la última reforma . Entonces hubo dos años de conversaciones que Susana Díaz cree que se deben reproducir ahora.

Sin embargo, la lideresa socialista puso el foco en un asunto muy concreto: la RTVA . O, para ser más precisos, la elección de sus órganos de control. Así, planteó que la Dirección General de la radiotelevisión pública andaluza se saque a concurso público, tenga un control por parte de asesores externos y requiera de la mayoría cualificada en el Parlamento. «No habrá ningún problema para llegar a un acuerdo si creemos en los medios de comunicación públicos como garantía de la cohesión territorial de Andalucía».

Una fórmula que, por cierto, no se ha utilizado ni planteado durante los años en los que el PSOE ha gobernado en Andalucía a pesar de que en la anterior legislatura los dos nuevos partidos del arco parlamentario —Podemos y Ciudadanos— han reclamado reiteradamente su derecho a estar representados en estos órganos de control.

Susana Díaz también se refirió a otros asuntos que el PSOE pide que se incluyan en el posible nuevo Estatuto andaluz. Reclaman que se blinde el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual y el Defensor del Pueblo, órganos de extracción parlamentaria y cuya renovación está negociándose. O eso es lo que dicen desde el Gobierno andaluz cuyas fuentes defienden que se sigue adelante con las negociaciones.

La expresidenta andaluza también defendió que deben abordarse otros asuntos en el Estatuto como la memoria histórica, la pobreza energética y la protección de datos en el ámbito digital.

Curiosamente, el único que habló de la supresión de los aforamientos, que es el debate que el Gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa, fue el diputado nacional del PSOE Gregorio Cámara. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Cámara desgranó los motivos jurídicos por los que el PSOEestá en contra de la propuesta planteada por PSOE y Ciudadanos.

Según explicó «estamos en contra de los aforamientos pero tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial y la Unión Europea recomiendan que se reforme primero la Constitución y posteriormente en los estatutos autonómicos y el resto de leyes que les afectan».

Gregorio Cámara consideró «un desatino que se supriman en Canarias y no en Andalucía, sí en La Rioja y no en Aragón » y abogó por la uniformidad en todo el territorio.

El todavía diputado en el Congreso, que no repite en las listas electorales para los nuevos comicios, también defendió el consenso y el acuerdo para reformar el Estatuto. «Es un requisito indispensable el máximo consenso posible entre todas las fuerzas políticas y no deben ser reformas puntuales».