Vox se une a PSOE y Adelante para rechazar por primera vez un decreto de la Junta

Esta es la primera vez que Vox rechaza, junto a PSOE-A y Adelante, un decreto ley de la Junta con medidas urgentes ante la crisis del coronavirus. El decreto ha contado con los votos de PP-A y Ciudadanos (Cs), socios en la Junta. El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández , ha explicado el voto negativo de su grupo porque cree que el Gobierno andaluz «abusa del decreto ley para cuestiones que no requieren de esta fórmula», censurando que los decretos que presenta la Junta «tratan diferentes medidas y al final nos obligan a votar sobre muchas cosas en una sola votación, y no podemos votar a favor de algunas cosas si no nos gusta». No obstante, asegura que lo rechazan pero «en términos amistosos, no de confrontación» y que están dispuestos a conversar.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo , ha sido la encargada de exponer el contenido de este decreto-ley, apuntando que permitirá afrontar con mayores garantías la situación sanitaria generada por los rebrotes de los contagios por coronavirus así como los problemas generados por la pandemia en nuestra economía.

«El Gobierno andaluz ha estado a la altura de la situación en estos meses y queremos seguir ese camino. Este decreto, que desarrolla en Andalucía las medidas y objetivos contemplados en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, nos va a permitir hacerlo», según ha dicho.

De esta forma, según la consejera, en materia de Salud, y en ese objetivo de poder afrontar con mejores garantías los rebrotes del virus, este decreto incentiva la contratación de profesionales sanitarios en los puestos de difícil cobertura, actualizando las plantillas presupuestarias de los centros y reforzando la coordinación entre las direcciones generales competentes. Asimismo se establece una nueva baremación y se introducen cambios en el ámbito retributivo y la carrera profesional con el fin de cubrir mejor estos puestos.

El decreto también recoge una modificación en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de salud pública de Andalucía. Concretamente, en los artículos 62, relativo a la vigilancia continua del estado de salud, y 66, sobre el sistema de alertas y crisis en salud pública . Ante la probable concurrencia en octubre de dos patógenos víricos como la gripe y el Covid-19, se quiere garantizar la implicación de la totalidad del sistema sanitario, y de forma específica de la atención primaria, en la vigilancia continua del estado de salud.

Para ello, según Carazo, «nos dotamos de un sistema con redes de vigilancia centinela en salud pública, en el que será precisa la participación de todos los centros y profesionales sanitarios, tanto públicos como privados, con independencia de su finalidad». Así, la modificación del artículo 66 permitirá que el sistema integral de alerta en salud pública asegure la intervención rápida y eficaz ante los brotes, gracias a una red de profesionales dedicados específicamente a la detección y respuesta en alertas de salud pública. Estos profesionales, agentes de la autoridad sanitaria, estarán disponibles las veinticuatro horas, los siete días de la semana.

Se crea el Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, adoptará medidas de salud pública urgentes como respuesta inmediata a la situación de alerta de alto impacto, establecerá las instrucciones oportunas, localización, movilización y asignación de los recursos necesarios, tanto asistenciales como de salud pública y trasladará la información necesaria a las instituciones públicas y privadas que correspondan.

Carazo ha agregado que este decreto va más allá y recoge, por parte de la C onsejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración de la Junta de Andalucía en los procedimientos selectivos de acceso, provisión de puestos y bolsas de trabajo. Ello permitirá imprimir más agilidad a la hora de cubrir puestos de trabajo necesarios en la administración autonómica.

De otro lado, el decreto-ley permite afrontar la difícil situación que la pandemia ha generado en los servicios de transporte público. El decreto adelanta unas partidas extraordinarias a los concesionarios de transporte por carretera para paliar las pérdidas sufridas durante el Estado de Alarma por las restricciones en la movilidad y los servicios.

En el turno de intervenciones de los grupos, el portavoz del PSOE-A, José Fiscal, ha manifestado que la situación es lo suficientemente grave como para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, estuviera dispuesto a comparecer de manera urgente en el Parlamento. Ha señalado que este nuevo decreto ley es un «guirigay y un cajón desastre en el que se mete de todo», algo que su partido no está dispuesto a apoyar. Ha señalado que la Junta ha pasado de criticar la gestión del Gobierno central como mando único a rogar que vuelva «a intervenir» y a tomar las riendas porque el Ejecutivo autonómico «no da a basto y no se está gestionando con un mínimo de solvencia» la crisis sanitaria y los decretos que se debaten hoy son «buena prueba» de ello.

La diputada de Adelante Andalucía María del Carmen García Bueno ha criticado que se haya tenido que esperar al mes de agosto para la creación del Consejo de alertas de salud pública de alto impacto y ha indicado, en relación con la contratación de personal sanitario en zonas de difícil cobertura, ha denunciado que se trata de un «apaño más», que no supone una solución a largo plazo, y ha señalado que el Gobierno andaluz «no está haciendo nada» por la atención primaria.

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto , ha señalado que este decreto recoge «medidas de extraordinaria necesidad y oportunidad» para atender problemas reales que tiene Andalucía, algunos incluso de otras etapas de gobierno. Ha justificado el uso de la figura del decreto ley por parte de la Junta, frente a las críticas de la oposición, apuntando que, por ejemplo, no se puede cambiar la Ley de Salud Pública de Andalucía sin un instrumento como el decreto-ley.

La parlamentaria de Ciudadanos Mónica Moreno ha manifestado que este decreto supone un paso más en la protección de la salud de los ciudadanos, reforzando el sistema público de salud y con una red de vigilancia. Ha destacado la "anticipación", con "certeza, como estrategia y como forma de hacer política" de la Junta a la hora de adoptar medidas, manteniendo en todo momento informada a la sociedad.

Se trata de l decreto ley aprobado el 28 de julio por el Gobierno andaluz que incentiva la contratación de personal sanitario en puestos de difícil cobertura en zonas rurales y que incluye medidas de impulso telemáticas en materia de personal y ayudas al tejido deportivo, y las empresas de transportes ante las pérdidas del Covid-19.

Otra de las medidas es la creación del consejo de salud sobre alto impacto de la pandemia con el objetivo de incrementar la red de vigilancia frente al coronavirus, que igual que el resto dejan de estar vigentes por la derogación aprobada en la Diputación Permanente de la Cámara.

En nombre del Gobierno, Marifran Carazo, la consejera de Fomento, ha defendido el decreto ley para aportar « mayores garantías para afrontar los rebrotes y otro problemas que repercuten» en la salud pública por el coronavirus. «El decreto es un instrumento para la acción inmediata de la situación cambiante y muy necesario en todos sus contenidos», ha justificado.

José Fiscal, portavoz socialista, criticó el tono «prepotente» del PP-A y la «ausencia» del presidente Juanma Moreno en el Parlamento para abordar el crecimiento de los contagios en la comunidad y de la situación educativa por la vuelta las aulas.

«De criticar el mando único, Moreno ha pasado a rogar la intervención del Gobierno, mientras la Junta fracasa en la gestión de la pandemia», ha denunciado. También se ha quejado de que el Gobierno andaluz no haya contado con la participación del PSOE ni en este ni en ningún decreto, que ha vinculado a un «guirigay y abuso legislativo para meter cosas por la puerta de atrás vulnerando leyes».