El presidente de la Junta de Andalucía no podrá estar en su cargo más de ocho años

El Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar los trámites para modificar la Ley 6/2006 del Gobierno con el objetivo de limitar a ocho años los mandatos del presidente, el vicepresidente y los consejeros. Una remodelación que busca la alternancia en el poder, medida que Moreno y Marín consideran clave para la regeneración democrática y que le afectará a ambos en los puestos que ahora ostentan.

La modificación de esta ley se hará como un trámite ordinario sin necesidad de modificar el Estatuto de Autonomía. Un informe no vinculante del Consejo Consultivo alertaba en 2017 de que sería necesario modificarlo si bien el vicepresidente Marín explicó que hay dos comunidades, Asturas y Extremadura, que han limitado los mandatos de sus presidentes y no han modificado sus respectivos estatutos. «Y el Tribunal Constitucional no ha dicho absolutamente nada».

El Gobierno también ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado , una normativa que protegerá alos docentes de todos los centros públicos y concertados. El texto que ahora inicia su trámite, recoge que los profesores podrán tener potestad y autonomía para tomar las decisiones necesarias que permitan un clima adecuado que favorezca el estudio y el aprendizaje tanto dentro de las clases como en las actividades complementarias y extraescolares.

Los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad. También se incluyen en esta ley los actos contrarios a la integridad física y moral del profesorado cuando se produzcan en el jeercicio de su función docente. Los alumnos estarán obligados a reparar los daños y hacerse cargo de los costes que causen de forma intencionada en las instalaciones escolares.

Andalucía tendrá un nuevo plan de políticas migratorias cuyo principal objetivo es mejorar la coordinación con el Gobierno de España en este sentido . El documento aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y que es el inicio del texto definitivo, plantea renovar la normativa sobre las competencias del Gobierno andaluz en esta materia.

Un elemento que es clave para que la riqueza de la incorporación de las personas de origen migrante a la sociedad y economía andaluza sincida en toda la población, en su calidad de vida y en oportunidades de progreso. También permitirá al Gobierno andaluz responder mejor a los retos de los flujos migratorios a través de un diálogo constante con agentes sociales, entidades que trabajan en esta materia y expertos del ámbito público y privado. Y todo ello bajo la garantía de los derechos humanos.