El PP vincula los recortes de los servicios municipales con el brote de listeriosis

Entre las «graves irregularidades» denunciadas ante la Fiscalía por el Ayuntamiento en relación a la actividad de la empres Magrudis se encuentra haberse dado de alta en 2015 en el registro autonómico de empresas alimentarias sin licencia municipal de actividad y haber funcionado sin presentar hasta diciembre de 2018 una declaración responsable, revocada tras surgir el brote a cuenta de los defectos de la misma. Beltrán Pérez insiste en que el papel del Ayuntamiento respecto a esta empresa está marcado por «estrepitosos fallos» y una «dejación de funciones» que ha atribuido a la «incompetencia» del Gobierno local socialista, al que ha culpado de la «falta de recursos» humanos y materiales de los servicios municipales de Protección Ambiental y Salud y Consumo.

Según Beltrán Pérez, las áreas municipales de Protección Ambiental y Salud y Consumo cuentan con «grandes profesionales», pero han sufrido un «desmantelamiento» en materia de recursos humanos y materiales, que a su juicio ha incidido en estos «fallos estrepitosos». Al respecto, ha insistido en el aviso de que la ciudad hispalense sólo cuenta con sólo 13 inspectores de consumo, uno por cada «53.000 habitantes».

Para reforzar su argumentación, ha advertido de que para acometer unas pruebas isotérmicas en dos de los hornos de Magrudis, el Ayuntamiento ha recurrido a la contratación de una empresa en lugar de hacerlo «de oficio» con sus propios recursos. Insistiendo en las «carencias» que arrastra el servicio municipal de Consumo, Pérez ha alertado de que en Sevilla «no se controlan los hornos de cocción de los alimentos» al no contar el Ayuntamiento con «elementos» para ello.