Podemos pide regular el cannabis como uso medicinal y de ocio

Además, la formación morada incide en que, si se regula este uso de ocio, «se evitaría la imposición de una moral a la ciudadanía por parte de los poderes públicos».

De la misma manera, Podemos quiere que la Junta inste al Gobierno central a que proceda a la regulación inmediata del uso del cannabis medicinal, tanto en el aspecto comercial, en relación con la industria farmacéutica y médica, como en el aspecto individual, promoviendo programas de aprendizaje y control por parte de la ciudadanía de sus propias plantas medicinales.

Y es que, según advierte, los desarrollos logísticos producidos en la última década «hacen que cualquier persona pueda fácilmente proceder al autocultivo y consumo en sus propios domicilios, incluso en los situados en zonas urbanas».

Por último, en virtud de la PNL, el partido que lidera en Andalucía Teresa Rodríguez también solicita la regulación inmediata de la producción y cultivo concertado de cannabis , de manera asociativa, sin fines de lucro, tanto para el abastecimiento con fines medicinales como con fines científicos y de investigación.

Para justificar la iniciativa, Podemos expone que desde principios del siglo XX, determinadas conductas individuales de los ciudadanos «han sido consideradas peligrosas y perjudiciales por parte de quienes ocupan los puestos de responsabilidad pública». Como consecuencia de ello, cree que a través de las más diversas leyes y textos normativos «se ha tratado de imponer a la ciudadanía una determinada línea de pensamiento, y, sobre todo, un determinado tipo de moral».

Así, critica Podemos que desde el poder público «se han limitado las ideas, la salud, la libertad de pensamiento y la libertad de consumo » pues entiende que «uno de los objetivos de los Estados es controlar qué pueden hacer los seres humanos con sus ideas y sus pensamientos, con su ocio y con su salud».

En este marco, advierte que diversos acuerdos y tratados internacionales se han orientado a impedir el ejercicio de tales libertades, «limitando toda acción y pensamiento de las personas en determinadas esferas de su vida privada , hasta el punto de ocasionar graves daños a la salud de la ciudadanía, así como terribles efectos socioeconómicos sobre la población y sobre multitud de instituciones».

Para Podemos, en las diversas normas que impiden la utilización de las más diversas formas de sustancias naturales y artificiales con efectos en su salud y en su bienestar psíquico, «predomina una férrea intención de imposición de una moral determinada y un control absoluto de esa moral».

Entretanto, sostiene que no existe precedente alguno en la normativa que permita a los poderes públicos inmiscuirse siquiera en la moral de la ciudadanía, «y mucho menos regularla de alguna manera». «La cuestión moral supone la mitad del fondo del asunto y el aspecto clave de la regulación , de acuerdo con la norma jurídica, según los propios tratados», agrega.

En cualquier caso, afirma que el cannabis es de uso común por la ciudadanía y que las conclusiones científicas alcanzadas en diversos campos de la medicina resaltan los efectos beneficiosos de los componentes de esta planta para la salud del ser humano, «tras haber realizado numerosas pruebas basadas en métodos científicos y no en simples creencias morales, religiosas o de otro tipo».

«No existe un solo registro de intoxicación con resultado de muerte a lo largo de la historia en relación con esta planta y sus derivados en forma de diversas sustancias», ha apostillado antes de apuntar que el cannabis «es un problema de salud moral según las normas, dado que las evidencias médicas y científicas demuestran la inexistencia de aspectos negativos en el plano fisiológico» .

Tras mencionar otros países que sí están regulando su consumo, Podemos considera que como consecuencia de la importancia de la superstición en este campo, de las creencias irracionales, de las restricciones de las libertades individuales, y con la clara finalidad de impedir la libre competencia en los distintos mercados posibles, «resulta imposible desde una perspectiva legal que la ciudadanía pueda utilizar esta sustancia de manera natural, saludable y socialmente aceptable».

También alerta Podemos de que el entramado creado como consecuencia de la prohibición «irracional» ha generado intereses económicos tan poderosos que «es perfectamente lícito sospechar que desde los poderes públicos se sostiene la existencia de mercados ilegales y la situación de prohibición como consecuencia de la influencia efectiva que los poderosos grupos dominantes del narcotráfico ejercen sobre ellos, para favorecer precisamente la existencia de los mismos y sus enormes ganancias».

Tras recordar que en España se han articulado iniciativas asociativas para, dentro de la legalidad y respetando la jurisprudencia, dar respuesta a las necesidades de las personas afectadas por dolencias que solo el cannabis solucionaba, y también a sus inocuos usos recreativos, Podemos asegura que la sociedad española «tolera sin problemas la idea del consumo responsable, como prueba la existencia de más de 1.500 tiendas grow shops, un total de diez distribuidoras y cinco ferias especializadas dedicadas al cannabis».

Asimismo, la formación morada también argumenta que el consumo de esta sustancia ha reducido en aquellos países que se ha regulado, además de que el hecho de que la criminalidad organizada no pueda utilizar el cannabis y sus derivados como fuente de lucro «ocasiona numerosas ventajas a los cuerpos y fuerzas de seguridad».

De otro lado, Podemos se refiere al turismo para señalar que «el restablecimiento de la libertad de pensamiento y la libertad moral en este campo han sido evidentes en ciudades como Ámsterdam, y no serán menores en Andalucía, que goza frente a ese ejemplo de un clima incomparable y de unas condiciones para atraer turismo consumidor de primera categoría».

«Es necesario demostrar que, en España, no son los poderes públicos los que con su conducta favorecen a los narcotraficantes y los mercados ilegales», sostiene Podemos.

Así, el partido morado presenta esta PNL al ser las competencias en el ámbito farmacéutico y medicinal principalmente del Estado; las de ocio y turismo de la comunidad autónoma de Andalucía , y al haber quedado demostrado tanto científicamente como social y legalmente que la regulación del consumo recreativo del cannabis en plena libertad «ocasiona efectos beneficiosos inmediatos a las sociedades que lo han impulsado, así como unos ingresos fiscales extraordinarios y la desaparición de los mercados delictivos».