Los padres de los niños con necesidades especiales piden más recursos

Quien lo dice es Antonio Guerrero , portavoz de la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, una de las asociaciones que canaliza el sentir de una gran parte de las familias con niños pequeños que por padecer diferentes patologías, las más comunes el autismo o el síndrome de Down, necesitan cuidados especiales en los colegios a los que acuden durante sus primeros años de vida.

Un presupuesto escuálido de la Junta (de 800 euros por niño en 2003 ha pasado a 500 pese al aumento de los casos), impide que los centros cuenten con los profesionales suficientes para cubrir este tipo de necesidades. A lo que se une la ausencia de planes que permitan una formación de los monitores acorde a los problemas de los niños. Todo eso repercute negativamente en el colectivo de afectados.

«Es cierto que hay un problema de dinero y que faltan recursos», asegura Guerrero, «pero también nos encontramos con otro, el de la formación continua del personal. Hay profesores que me llaman y me dicen que no saben explicar el t eorema de Pitágoras a un niño con síndrome de Down o con autismo, porque eso no se incluía en el plan de estudios de la Facultad».

Por tanto, añade, «hay que comenzar a actualizar los planes de estudio con arreglo a una sociedad moderna. Tenemos que contar con más recursos para los monitores especializados, Los actuales son externos, personal subcontratado y no tienen cualificación para determinadas funciones».

También, continúa Antonio Guerrero , hay que crear figuras en Educación que no existen. Apunta que los niños con síndrome de Down «vienen con una atonía muscular tremenda y en el colegio faltan fisioterapéutas. Lo más parecido es el profesor de gimnasia, y no hay becas para financiar al fisioterapéuta. La figura del logopeda no existe. Sí la del maestro de audición y lenguaje. La diferencia es que el logopeda sabe si la musculatura de la lengua funciona, la del paladar, de la faringe o las cuerdas vocales. El profesor de audición y lenguaje no tiene ni idea».

Otro déficit. «En los colegios no existen la figura del psicólogo docente. El decreto de complementación de A. T. no prevé esto. Entonces lo que pasa con el niño es que no lo estamos recuperando. Luego tendrán una pensión de discapacidad o de salud mental, mientras que de la otra forma, bien llevado, podrá llegar en educación hasta donde pueda, y muchos se incorporarán al mercado laboral, con un sueldo y no con una pensión», insiste.

«Un día perdido es un pequeño drama. Y hay miles de pequeños dramas en Andalucía. Sobre todo en la provincia de Almería, que está dejada de la mano de Dios». Y en este punto Guerrero se muestra crítico con el funcionamiento de algunas de las infraestructuras de apoyo, los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) de esa provincia, donde dice que se atiende a los niños en grupos para economizar. «Las sesiones –afirma– tienen que ser individualizadas, salvo unos casos muy concretos en los que tienen que interactuar en parejas siempre con el conocimiento y la autorización expresa de las familias».

Resalta Antonio Guerrero que «la Consejería ahora mismo no tiene soluciones a corto plazo. Nos ha dicho que en dos meses habrá mejoras sustanciales, y me da miedo porque se irá a seis.

En los colegios a los que acuden los niños, la opinión generalizada de los padres consultados por ABC es que faltan recursos. Necesitan profesionales cualificados y que dispongan de tiempo para atender a los pequeños.

En relación con los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) , subvencionados por la Junta y donde los pequeños reciben tratamientos específicos, han sido numerosas las quejas por el deterioro de la calidad del servicio y problemas de inequidad en el acceso a la prestación. Son críticas que han sido recogidas por el Defensor del Pueblo Andaluz , institución que según una reciente resolución se ha ofrecido a ejercer una función de «fiscalización de la actividad administrativa a través de las quejas individuales, poniendo de manifiesto los eventuales incumplimientos normativos que podamos detectar, y reclamando la adopción de medidas oportunas para subsanarlas a través de nuestras resoluciones».