Núñez acusa a Alaya, al PP y a la Guardia Civil de urdir «conspiraciones» sobre el fraude de la formación

La magistrada considera que el recurso de los letrados del PP no entra a rebatir sus argumentos jurídicos. Asegura que los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la Intervención de la Junta de Andalucía mencionados y solicitados por el PP recogen irregularidades administrativas, pero los propios interventores en sus declaraciones ante la juez «no detectan ilícito penal alguno sino simple y llanamente irregularidades administrativas ». Acusa tanto a la magistrada Mercedes Alaya, que inició las diligencias, como a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y al PP de interpretar estas irregularidades para «elaborar teorías sobre conspiración y tramas delictivas». La juez cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción en este asunto.

La juez Núñez acusa a esta acusación popular de utilizar « maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida», lo que causa un daño grave a los implicados, obligados a « defenderse como presuntos delincuentes ». Se refiere a los 24 ex responsables de la Junta de Andalucía acusados de participar en una supuesta trama de « clientelismo político » con el único objetivo de fidelizar el voto a costa del reparto arbitrario de ayudas gracias a la relajación de los controles en el Servicio Andaluz de Empleo.

En este sentido, la magistrada expone que «la apertura de investigaciones como ésta, pueden causar un grave perjuicio a muchas familias, en este caso andaluzas, cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada, a más de las personas que dejaron de recibir una formación necesaria y útil para su vida profesional. Pero lo más grave es el daño que se causa a personas cuya honorabilidad y profesionalidad se pone en cuestión».

Entre otras razones que conducen al archivo de la causa, Núñez apunta que estamos ante «cuestiones jurídicas interpretables, sobre las que difieren los propios interventores u operadores jurídicos , acerca de las bondades o valoración de los sistemas de control, fiscalización previa o régimen de control financiero permanente», y que « los reparos a la gestión de la administración ha sido y es una practica frecuente y habitual que nunca, hasta ahora, ha dado lugar a la apertura de causas penales y ello, como los propios interventores señalan, porque no detectan ilícito penal alguno sino simple y llanamente irregularidades administrativas».

El auto indica asimismo que «si no se denuncia el ilícito penal por los interventores , que son quienes examinan la actuación administrativa, cómo es posible que se abran numerosas causas penales partiendo de interpretaciones de los informes de la intervención, causas que vienen siendo archivadas por los Juzgados de Instrucción».

Por último, la juez señala que el PP no planteó contra ella una recusación ante el Poder Judicial, sino «una extraña figura que la hemos denominado recusación parcial administrativa » que afecata ala resolución de un recurso de revisión y no a toda la causa. Además, niega que haya denegado copia alguna de las grabaciones de las declaraciones de los interventores.

El PP denunció que en una de estas grabaciones, la del interventor de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez , aparecía cortado su testimonio en la parte en la que preguntaba la letrada del PP y la jueza le reprochaba que no llamara delito donde no había delito. Este interventor insinuó menoscabo de fondos públicos en un informe de actuación, lo que, a juicio de esta acusación, es clave para que no se archivara la causa.