Núñez archiva otra pieza de los ERE por una ayuda de 3,2 millones porque «fue a los trabajadores»

En un auto, con fecha de 8 de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla expone que en esta causa se investigaba las ayudas concedidas para la materialización de las prejubilaciones de los trabajadores afectados por el ERE de la empresa de 2002.La instructora, en su resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, asegura que los únicos beneficiarios de las ayudas «son los trabajadores, quienes las solicitaron, las negociaron, se reunieron con Guerrero y finalmente las percibieron». Y aún se siguen abonando por parte de la Junta.

En este caso, la juez considera que «no es extraño» que la Junta financie las prejubilaciones como requisito para vender TAMC a MP en 2002.

Además, subraya que de las diligencias practicadas no queda acreditado que «nadie del Grupo MP» tuviera conocimiento alguno de ilegalidad o ausencia de derecho, ni de que existiera connivencia con el concedente para obtener la ayuda. Al contrario, «la ayuda se pide por los trabajadores».

Núñez Bolaños, después de haber sacado de las actuaciones a todos los investigados, entre ellos, al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero , archiva la causa.

Como en las anteriores piezas, excluye a Guerrero por el principio «non bis in ídem», esto es, para no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, aceptando el criterio de la Sección Séptima y admitiendo que en el juicio por la pieza política de los ERE , que está visto para sentencia, se recogieron todas las ayudas concedidas en la década investigada.

Al hilo de esto, indica la juez María Núñez que la Fiscalía está invocando para desvirtuar lo señalado hasta ahora a este respecto las modificaciones introducidas en su escrito de conclusiones definitivas en el juicio por el procedimiento específico de los ERE celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla , en concreto, «un cambio terminológico que, a juicio de la Fiscalía, clarificará y permitirá entender mejor la postura que siempre ha mantenido».

Esta «alteración de la terminología empleada» a fin de conseguir que quienes hubieran interpretado equívocamente la postura mantenida por la Fiscalía Anticorrupción en los escritos que delimitaban el objeto de enjuiciamiento del proceso a los 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, puedan ahora con la nueva redacción comprender y asumir la interpretación del Ministerio Público.

Para la juez, ese cambio de terminología « ninguna modificación » produce en lo que se determinó como objeto de enjuiciamiento de la causa, resultando de plena aplicación el criterio de la Sección Séptima sobre el principio «non bis in ídem». «La mera intención de pretender evitar equívocos en la interpretació de la postura única y permanente mantenida no puede ser aceptado como cambio de determinación del objeto del procedimiento».

También excluye en esta causa a sindicalistas, responsables de Mac-Puar, los directivos de las mediadoras José Antonio Albarracín o Jesús María Bordallo o el exdirigente socialista Ramón Díaz .